Venezuela denunció ser víctima de un linchamiento político y financiero de Estados Unidos, inspirado en los postulados racistas del Ku Klux Klan, luego de que ese país endureciera sus sanciones en represalia por la reelección del presidente Nicolás Maduro.
«Alertamos a la comunidad internacional sobre la amenaza a la paz mundial que representa el régimen supremacista, racista e intervencionista que hoy gobierna en Washington, inspirado en los nefastos postulados del Ku Klux Klan», señaló la cancillería en un comunicado.
A tono con esa política, añade el texto, el gobierno de Donald Trump promueve el odio, la intolerancia y el linchamiento político y financiero contra Venezuela.
El gobierno de Maduro acusó a la Casa Blanca de recrudecer un criminal bloqueo financiero y económico, que calificó de delito de lesa humanidad porque obstaculiza el acceso a bienes esenciales.
Cumpliendo con su amenaza de no quedarse de brazos cruzados si Maduro era reelegido, Estados Unidos limitó el lunes la venta de deuda, incluidas las cuentas por cobrar, y activos públicos venezolanos en su territorio.
Estas medidas se suman a la prohibición que impuso a los estadounidenses para negociar títulos de deuda de Venezuela y su petrolera PDVSA, y a sanciones contra unos 60 jerarcas, incluido Maduro a quien llama dictador.
«Instrumentaliza las necesidades del pueblo venezolano como arma política para atentar contra la institucionalidad y, por esta vía, promover el derrocamiento de Maduro», agregó el ministerio de Relaciones Exteriores.
Los venezolanos sufren una aguda crisis socioeconómica, con hiperinflación, proyectada en 13.800% por el FMI para 2018, y escasez de alimentos y medicinas.
Washington consideró los comicios del domingo como una farsa, en línea con la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que no se presentó aduciendo falta de garantías.
El principal rival de Maduro en las votaciones, Henri Falcón, que se había postulado a contravía de la MUD, desconoció los resultados.
Las elecciones también fueron desconocidas por el Grupo de Lima, integrado por Canadá y 13 países latinoamericanos, mientras que la UE había anticipado que haría lo propio sin que hasta ahora haya un nuevo pronunciamiento.
