A los venezolanos no se les terminan los dilemas que emergen en el día a día de mandato de Nicolás Maduro. El sosiego expiró. Ya no hay tranquilidad en ningún hogar ubicado en cualquiera de los 335 municipios constitutivos de este país que en otrora fue refugio de muchos emigrantes que huían de las barbaries y del terror de la segunda guerra mundial, la dictadura de Pinochet y la guerrilla colombiana. Es inédita la crisis actual de Venezuela. La sienten, la duelen y la lloran todos sus pobladores que han diezmado su calidad de vida, más no quienes desde el gobierno revolucionario la provocaron y quieren profundizarla hasta lograr sujetar y controlar totalmente a todos quienes dependen de la comida y bonos que reparten a través del carnet de la patria.
Los oficialistas, con casi 20 años en el poder y dominando todas las instancias de gobierno, no se creen responsables de esta hecatombe económica, social y política procreada por Hugo Chávez y parida, desarrollada y mantenida por Nicolás Maduro. Culpan a esa guerra económica inventada para seguir escudando su absoluta responsabilidad frente a la quiebra de la nación. También la justifican en las sanciones impuestas por los Estados Unidos a varios funcionarios del gobierno por sus riquezas mal habidas y por la violación de los derechos humanos. Manipulan esa verdad y hacen ver a sus seguidores potenciales que el gobierno norteamericano es el responsable de que en Venezuela no llegue comida ni medicinas, pero es una gran mentira que no ayuda a resolver los problemas de hambre, miseria y muerte de los venezolanos.
Situación que los inscritos en el CNE pensaban detener en diciembre de 2018, cuando en las elecciones presidenciales, que por ley tendrían que realizarse a finales de año, votaran en contra del gobierno para lograr la salida de Nicolás Maduro de Miraflores y así obtener un cambio político que frene la destrucción del país y el éxodo masivo de sus habitantes, pero eso no ocurrió, pues los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, aunque internamente y en el ámbito internacional es considerada como una instancia espuria que siempre juega ilegalmente a favor de la perpetuidad de los socialistas en el poder, adelantó esos comicios para el próximo domingo 20 de mayo, en aras de garantizar que ningún representante opositor participara y se midiera con Nicolás Maduro como candidato, pues las rectoras del Consejo Nacional Electoral se aliaron una vez más a sus amigos del poder Ejecutivo e inhabilitaron a varios dirigentes políticos con aspiraciones presidenciales y sacaron de circulación a partidos políticos emblemáticos durante la etapa democrática del país.
Un juego maquiavélico que aniquila la democratización de las elecciones y pronostica desde ya al ganador en esos comicios presidenciales. Esa es la razón por la cual, la oposición venezolana llama a no votar para no hacerse cómplice de ese fraude, mientras que representantes de la comunidad internacional advierten que no reconocerán los resultados de esa contienda electoral.
Pese a esa advertencia, aún muchos venezolanos no están seguros de participar o no en ese proceso que a simple vista se ve fraudulento, pese a que también se medirán Henry Falcón y Javier Bertucci, quienes al parecer son aliados del gobierno para que pueda validar esos comicios, pues ellos no consideraron la ilegalidad de su origen, porque fue la Asamblea Nacional Constituyente la encargada de convocarla y no las autoridades del Consejo Nacional Electoral.
Ante esa realidad, los venezolanos se encuentran en una encrucijada y la disyuntiva cada día se apodera de quienes creen en el voto popular como la forma de sacar a los políticos que no tienen resultados positivos en su gestión. Piensan que si no votan, le estarán entregando en bandeja de plata a Nicolás Maduro, como al Partido Socialista Unido de Venezuela el país y, por ende, podrán consolidar el modelo castro comunista en el país. Sin embargo, igual saben que si sufragan, estarán convalidando esas elecciones no reconocidas por el grupo de Lima, el gobierno norteamericano, países de la Comunidad Económica Europea y otros miembros de la sociedad internacional. La experiencia de 2005 de no participar en las elecciones parlamentarias fue brutal, pues la Asamblea Nacional quedó completamente en manos de los diputados del PSUV y la resultante fueron leyes pro comunista y contrarias con los mandatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Leyes que coadyuvaron al avance castro comunista que ha dado Nicolás Maduro en sus casi seis años de gestión.
La catástrofe económica, política, social y moral arropa a los venezolanos de día, tarde y noche. Es como una nube oscura que les persigue en su cotidianidad y les impide ver la luz requerida para alumbrar el camino a seguir para restablecer la democracia, el respeto de los derechos humanos y la calidad de vida que les regaló los 40 años de democracia vividos desde 1958 hasta 1998 y que hoy se haya tan socavada por el hambre y la miseria en la cual está inmerso casi el 100 por ciento de la población, por cuanto el comer para los venezolanos se ha convertido en un lujo y las probabilidades de vida se le han acortado por la desnutrición que causa la imposibilidad de consumir alimentos por sus altos precios, así como por la sicosis colectiva incrementada cada vez más en la sociedad por la incertidumbre que produce el estar gobernado por un autócrata incapaz de reconocer que el Socialismo del Siglo XXI sólo ha originado hambre, miseria, pobreza, tristeza y una gran huida de jóvenes y talentos hacia otras naciones, donde la democracia aún no ha sido vulnerada por ideologías ultra izquierdistas, la corrupción y el narco Estado.
Horas aciagas han pasado los venezolanos desde que el Jefe del Estado asumió la presidencia de la República, el 19 de abril de 2013. La facilidad con la que obtuvo el poder político por ser recomendado por el ex presidente Hugo Chávez Frías no le permiten valorar todas las potencialidades de Venezuela y, por ende, su accionar político pareciera que estuviese dirigido a acabar con las fuentes de progreso e ingreso del país, así como con los sueños y proyectos de sus habitantes, pues desde que el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, le advirtió, cuando asistió a la instalación del nuevo período legislativo, el cinco de enero de 2016, que en seis meses buscarían su salida constitucional del gobierno, Nicolás Maduro ha actuado con mano de hierro e inconstitucionalmente en sus decisiones gubernamentales, en aras de evitar que esa advertencia se cumpla y no poder concretar el proyecto castro comunista encomendado a él por el ex presidente Fidel Castro antes de su muerte y por Raúl Castro, su asesor y consejero permanente mientras se mantuvo como primer mandatario de Cuba y a quien visita continuamente para recibir sus recomendaciones políticas frente a cualquier adversidad política, económica y social en el país.
Pareciera que su visión no es el desarrollo de la nación, sino su destrucción. No obstante, Nicolás Maduro no se detiene en sus aspiraciones presidenciales. No le importa que la gente se esté muriendo de hambre ni que los venezolanos salen huyendo del terror y el horror del hambre, la inseguridad, la miseria que ha provocado su gobierno. Tampoco le importa que la Carta Magna del 99 establece, en su artículo cuatro, que Venezuela es un Estado Federal Descentralizado, pues centralizó y atomizó en sus manos por completo el poder mediante los decretos de emergencia nacional, pues su visión política frente al gobierno es la anarquía, el totalitarismo y la dictadura. El diálogo es una farsa y una estrategia para dar tregua a los propósitos oscuros del gobierno. La negociación política tampoco se entiende, pues saben que las balas, las tanquetas, la cárcel y la tortura son sus principales aliados y la respuesta oportuna e inmediata frente para cualquier opositor que se atreva a contrariar y manifestar. Este es Nicolás Maduro, el candidato oficial a la presidencia, quien no se separó de su cargo como Primer Mandatario Nacional, presidente de la República y Jefe del Estado para ser candidato a la presidencia de Venezuela, pese a que es un requisito legal que se debe cumplir para dar el ejemplo y consolidar la democracia y legalidad de cualquier proceso electoral.
En la praxis, el perfil de este candidato ya se conoce. Sus actuaciones muestran su carácter antidemocrático. Pero el dilema por votar de los venezolanos aún se mantiene. Se sabrá el día de las elecciones sí oyeron el llamado de la oposición a no acudir a las urnas o si aún creen que con votos salen los dictadores del poder.
