Nicolás Maduro ya  fue reelegido como Jefe de Estado, presidente de Venezuela  y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el pasado 20  de mayo en un proceso electoral totalmente viciado desde su convocación por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente hasta el día del sufragio, por cuanto su origen no se hizo bajo los preceptos constitucionales y el domingo pasado se  detectó que muchos de los votantes fueron coaccionados a votar por el primer mandatario, porque de lo contrario perderían sus empleos en la administración  pública, así como  los beneficios recibidos a través del programa de las misiones socialistas y del carnet de la patria.

Un vulgar chantaje que al parecer le permitió obtener  6 millones 190 mil 612 vos, menos que cuando fue seleccionado en abril de 2013 para llenar la vacante presidencial dejada por Hugo Rafael Chávez Frías, a raíz de su muerte. En ese entonces, obtuvo 7 millones 587 mil 579 votos.  Es decir, el 50,61 por ciento del padrón electoral,  gracias al apoyo que aún tenía por la efervescencia sentida por aquellos electores  que seguían creyendo en el proceso revolucionario como una panacea para resolver sus problemas económicos y sociales, los cuales cuatro años después de su arbitraria y pro comunista gestión se han recrudecido hasta el punto  de convertir al país en la nación más pobre de América, por cuanto en 2016, los hogares pobres alcanzaron el 82 por ciento, según los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, Encovi. Cifras que colocan a Venezuela sobre Haití en los niveles de pobreza, después de haber sido un país con la economía más prospera de Latinoamérica y una democracia robusta, con dificultades, pero perfectible.

Maduro logro su propósito político de seguir siendo el Presidente de Venezuela. Al parecer no le importa las consecuencias de haberlo conseguido  con una abstención que sobrepasó el 50 por ciento, lo cual  no sólo  deslegitima ese proceso, sino que visualiza la pérdida de interés del venezolano en asistir a las urnas en las elecciones que por tradición eran las más votadas en la nación, las presidenciales. Seguro fue porque los electores sintieron que en esta oportunidad no tenían la posibilidad de elegir, porque no había contrincantes confiables, pues, de acuerdo, con los análisis hechos previamente, tanto Henry Falcón, como Javier Bertucci eran considerados los aliados de Nicolás Maduro para demostrarle al mundo que esas elecciones eran democráticas y no monopartidistas como los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente, frente a la negativa  de los representantes de la oposición de participar por considerar que las mismas estaban encubiertas por el fraude, la ilegitimidad y el ventajismo político, por cuanto las rectoras del Consejo Nacional Electoral inhabilitaron a los potenciales candidatos y partidos de la oposición que podrían participar, con el fin de  evitar se contaran con el candidato oficial, porque tenían la certeza de su derrota, pues Nicolás Maduro únicamente cuenta con el apoyo del 20 por ciento del electorado.  No obstante, las rectoras del CNE lo premiaron con más de 6 millones de votos, cuando, al igual que la elección de los constituyentistas, no había gente votando en los centros de votación. Aquí ni siguiera la promesa de otorgar bonos y las cajas del CLAP funcionó para hacer votar a todos sus militantes, por cuanto de los 16 millones inscritos en el carnet de la patria, sólo votaron 6 millones.

Ya ganó, pero no es reconocido como presidente reelecto de Venezuela, tanto interna, como externamente. Los miembros de la Asamblea Nacional tildan de írritos esos comicios del pasado domingo 20 de mayo y él sabe los vericuetos jurídicos que eso representa, razón por la cual, su aliada, la Asamblea Nacional Constituyente le reconoció como Primer Mandatario Nacional, una vez el Consejo Nacional Electoral lo proclamó para ese cargo. Actos que ponen más en entredicho su legitimidad, por cuanto no sólo se atrevió a adelantar las elecciones presidenciales que deberían haberse hecho en diciembre, sino que permitió que lo ataviaran de una vez como Jefe de Estado, cuando debió asumir su nuevo mandato en enero de 2018.

Fuera de la ley y apoyado por los constituyentistas, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal general  y el defensor del pueblo, Nicolás Maduro es hoy  Primer Mandatario de Venezuela por partida doble. No obstante, los diputados de la Asamblea Nacional,  de mayoría opositora,  aprobaron no reconocer su proclamación  como presidente del país para el período 2019-2025, y declaró “inexistente” la elección presidencial del 20 de mayo en la que el jefe de Estado fue reelegido en su cargo. Esa elección es considerada por los parlamentarios como una farsa por “haberse realizado completamente al margen de lo dispuesto en los tratados de derechos humanos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes de la República”. Por tanto se  “desconoce cualesquiera actos írritos e ilegítimos de proclamación y juramentación en virtud de los cuales se pretenda investir constitucionalmente al ciudadano Nicolás Maduro Moros como supuesto presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2019-2025”.

Decisión parlamentaria que le resbala al presidente Nicolás Maduro, porque cuenta con su brazo jurídico, la Asamblea Nacional Constituyente,  que le hace la norma según mande para perpetuarse en el poder, además de su muleta judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados aliados interpretan la ley, de acuerdo con los intereses de su superior para garantizar su permanencia en ese cargo  por los siglos de los siglos o hasta que concrete el proyecto castro madurista en el país  y Venezuela se convierta en un Estado Comunal Socialista  a nivel constitucional, una vez sea derogada la Carta Magna de 1999 y aprobada la nueva constitución redactada por los constituyentistas.

Así tampoco le importa que la comunidad internacional no lo reconozca como Presidente de Venezuela y que exijan la realización de nuevas elecciones transparentes, y democráticas, como lo exigen los estándares internacionales, porque su visión de gobierno es autoritaria y dictatorial, apoyada por los presidentes de Rusia, China, Nicaragua, Bolivia y Cuba. Un desconocimiento que no viene solo, sino con más sanciones políticas y económicas a los funcionarios del gobierno. Sanciones que los afectados y demás oficialistas hacen ver a la población como la principal causa de la  hecatombe económica que ellos han provocado por la corrupción imperante en el manejo corrupto de los recursos públicos durante sus casi 20 años de mandato.

Frente a esta realidad, Venezuela sigue montada sobre un huracán político y económico, cuya larva puede encenderse en cualquier momento ante la dificultad de los ciudadanos de comer y suplir sus demás necesidades básicas, hoy tan difíciles de cubrir por el alto precio de la canasta básica familiar, valorada actualmente en más de 100 millones de bolívares, mientras que el salario mínimo nominal es de 1 millón de bolívares, con una cesta ticket de 1 millón 555 bolívares, no percibida por toda la población del país, pues es un beneficio para los trabajadores activos.

Con Maduro en el poder no se visualizan cambios positivos para el país. Los pesares seguirán, porque él no comprende que los males que aquejan a Venezuela es consecuencia de su afán y el del presidente Hugo Chávez de imponer el modelo socialista a la cubana, a costa del hambre, la pobreza y la miseria de los venezolanos.  El éxodo se incrementará cuan judíos en guerra mundial, porque más que migración es la huida de los venezolanos a tantas calamidades, penurias, tristezas y desasosiegos sufridos en su tierra natal, a partir de la gestión del ex  teniente coronel y Nicolás Maduro.

 

 

 




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