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Dayrí Blanco|@DayriBlanco07

No hubo otra antes. El comercio fue la primera actividad económica que se estableció en Venezuela de manera formal. Pero actualmente está estancada, producto de un proceso de regresión casi salvaje impulsado por el Gobierno con sus controles, regulaciones, atajos populistas y agresión ideológica, “ahora mostramos un rostro primitivo ante el mundo”.

Así quedó claro en el manifiesto de Consecomercio durante la 72° Asamblea Anual de Fedecámaras. El documento presentado se expresa que entre suspensiones de garantías económicas, providencias, licencias, leyes restrictivas, discrecionalidades interpretativas a cargo de un funcionariado cuestionador de la libre iniciativa, del derecho de propiedad y del libre mercado, la actividad comercial en Venezuela se declara a merced de la voluntad de un entorno administrativo que la excluye y trata de anular y reducir a su mínima expresión.

Las propuestas del gremio son claras. “Ha llegado el momento de los verdaderos cambios en Venezuela. En lo económico, en lo social y, consecuencialmente, en lo político, lo moral y lo cultural, ante el deterioro progresivo de las condiciones de vida de la población en general. También ante la urgencia de que el país propenda a un desarrollo diversificado, descentralizado y desconcentrado”.

El Gobierno debe ocuparse solo de desempeñar el rol que le asignan la Constitución y las leyes, y de respetarle a los ciudadanos emprendedores el libre ejercicio social de su responsabilidad, solo de esa manera será posible que los bienes lleguen a toda la población con servicios permanentes y de calidad.

Para Consecomercio ya no es posible contener y detener los reclamos sociales con discursos esperanzadores, mucho menos con la intensificación de reacciones represivas que no alivian el hambre, ni les ofrecen a las familias las respuestas que ellas esperan de parte de quienes les gobiernan.

Tampoco se trata de dialogar por dialogar, ni de extender plazos en atención a exigencias colectivas que tienden a desbordarse, o a ser convertidas en motivo para provocar dolorosas e injustificadas acciones contra el comercio, como las de Cumaná. “Hay que actuar sin que la rigidez de la visión y el procedimiento burocrático tienda a identificar al empresariado como un cazador de oportunidades mercantiles”.

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