EFE

La alianza de partidos oficialistas de Venezuela, el Gran Polo Patriótico (GPP), aseguró este jueves que la oposición busca desestabilizar el país, después de que esta anunciara su intención de presionar al Poder Electoral para que realice este año un referendo revocatorio presidencial.

«La (Mesa de la Unidad Democrática) MUD hoy pretende sembrar un escenario de guerra en el continente a partir de una estrategia de desestabilización que ha impuesto el imperialismo norteamericano», afirmó este jueves en conferencia de prensa la coordinadora nacional del GPP, Blanca Eekhout.

La alianza opositora anunció el lunes que continuará el proceso que impulsan desde hace meses para revocar al presidente Nicolás Maduro mediante un plebiscito que se realizará, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el primer trimestre de 2017.

Sin embargo, la MUD insiste en que la consulta se puede concretar antes del 10 de enero próximo, fecha tope para quienes persiguen el fin inmediato del gobierno chavista, por lo que ha llamado a protestas de calle para presionar al CNE.

Eekhout dijo este jueves que el revocatorio es una opción contemplada en la Constitución pero no una obligación y acusó a los opositores de cometer fraude durante las fases previas a la activación del mecanismo.

«No aceptar las decisiones del Poder Electoral es de nuevo plantear el escenario de la violencia», agregó la coordinadora del GPP, que defendió además la necesidad de que la MUD alcance el 20 por ciento de apoyo a la celebración del referendo en todos los estados de Venezuela, tal y como planteó el CNE, para poder activar la consulta.

El último requisito a cumplir por los opositores consiste en la recogida de unos 4 millones de apoyos, cantidad que la MUD ha dicho que recogerá a nivel nacional -como asegura que «establece la Constitución»- sin necesidad de que en cada estado se alcance ese 20 por ciento de apoyos.

De celebrarse finalmente el revocatorio después del 10 de enero y de ganar la MUD, Maduro dejaría el cargo pero la presidencia sería asumida por su vicepresidente hasta que finalice en 2019 el período para el que el mandatario fue inicialmente elegido.




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