El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en declaraciones al diario El Mercurio, precisó que el proceso se realizará en tres etapas y se extenderá hasta el 31 de agosto.
«Vamos a pasar las dos mil expulsiones este año. Señal clara e inequívoca de que nos tomamos en serio el concepto de ordenar la casa», sostuvo Ubilla, que añadió que el proceso se enmarca en la regularización de inmigrantes irregulares que el Gobierno inició el pasado abril.
En ese entonces el Gobierno calculó en un millón 119 mil el número de extranjeros residentes, de los que 300 mil estaban en situación irregular.
El Gobierno abrió un proceso de inscripción para permitir la regularización, que en una primera fase tuvo 137 mil inscritos, aunque quienes aún no lo hayan hecho tienen plazo hasta el 22 de julio.
La primera etapa de expulsiones consiste en identificar a los reclusos que ya cumplieron sus condenas y por ley deben ser expulsados. Igual, se está haciendo con quienes están cumpliendo una pena, de tal manera que cuando la terminen, inmediatamente serán deportados, explicó Ubilla.
La segunda fase estará enfocada en los extranjeros que son infractores de la ley migratoria porque están en el país en situación irregular pero no tienen antecedentes penales.
Según el subsecretario del Interior, son personas a quienes las autoridades chilenas exigieron que abandonen el país, pero apelaron la medida por vía administrativa o judicial, y que están representados por organizaciones no gubernamentales (ONG) que los apoyan.
Por los momentos, hay 400 personas en esa situación y su expulsión está en proceso, puntualizó Ubilla.
Agregó que la tercera fase comenzará el 23 de julio, un día después del cierre de la inscripción en el proceso de regularización migratoria, con aquellos extranjeros que no se registraron dentro del plazo.
«Se asume que quienes no se inscriban es porque tienen antecedentes penales. A ellos se les buscará para deportarles», señaló el funcionario.
La primera etapa del proceso comenzó a materializarse el pasado viernes, cuando 59 presos bolivianos y peruanos, condenados por trafico de drogas o robos con intimidación (asaltos), fueron deportados tras haber cumplido sus sentencias.
El Gobierno calcula que hasta el 31 de agosto totalizarán 194 los deportados por esta causa, que quedan con prohibición de retornar a Chile durante diez años.
Los deportados a países limítrofes son llevados por vía terrestre y entregados en la frontera a las autoridades, mientras los enviados a otros países son embarcados por vía aérea con custodia policial.
El subsecretario del Interior admitió que «no hay antecedentes objetivos que indiquen que los extranjeros delinquen más que los chilenos», pero subrayó que «nadie quiere tener extranjeros delincuentes». EFE
