Mercedes de Freitas, coordinadora de Transparencia-Venezuela, se pregunta ¿Cómo un magistrado puede tener propiedades en Estados Unidos, si su sueldo equivale a 12 salarios mínimos de Venezuela?
Venezuela es el único país del mundo que tendría a vicepresidente, ministros y magistrados del Poder Judicial en la lista de sancionados por los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos.
«El TSJ debe explicarle al país esta situación y la Contraloría General debe publicar las declaraciones de bienes y patrimonio de los miembros del Poder Judicial para despejar cualquier duda», exige de Freitas.
La coordinadora de la ONG asegura que los magistrados están obligados a decir la verdad; no responder con eslóganes ideológicos de que los ataca el imperialismo, sino por qué manejan cuentas en dólares y por qué aprobaron sentencias contrarias al Estado de Derecho”, recalcó.
El jueves pasado el Departamento del Tesoro anunció que congelará los fondos del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y los magistrados Luis Fernando Damiani, Arcadio Delgado, Gladys Gutiérrez, Juan José Mendoza, Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Carmen Zuleta por «usurpar la autoridad» de la Asamblea Nacional.
Los últimos siete son miembros de la Sala Constitucional del TSJ, la instancia más importante del Poder Judicial, quienes no podrán traspasar los bienes que pudieran tener en la nación norteamericana ni pisar su territorio.
En el TSJ, al igual que el presidente y parlamentarios, no pueden ganar más de 12 salarios mínimos, según el artículo 8 de la Ley de Emolumentos; es decir, 487.000 bolívares mensuales si se toma como referencia el monto hasta abril de 40.638; y 780.000 bolívares a partir del 1 de mayo cuando subió a 65.000.
La internacionalista Giovanna de Michelle identificó dos impactos de las sanciones: “En lo nacional, significa un golpe más al gobierno porque se trata de personas que tienen un gran protagonismo en las decisiones del Estado. Queda en evidencia la poca certeza en la escogencia de los magistrados y se refleja la precariedad institucional que llevó a una instancia internacional a sancionar hechos irregulares, que ameritan una investigación”.
“El segundo impacto es internacional. Es muy fuerte y el Estado queda con la peor posición mundial. Es visto con cautela, con reservas, porque el gobierno perdió credibilidad, no genera confianza y es percibido como un gobierno incapaz, que no atiende las demandas de la sociedad. Que no tiene pudor a la hora de reprimir a la sociedad. No permite la disidencia, no garantiza la inclusión, como lo demuestra el ‘carnet de la patria’. En términos políticos, hay una desigualdad social, producto de una política que afinca las diferencias, en lugar de minimizarlas”, dijo De Michelle.
Aunque se desconoce dónde y cuáles son los bienes de los magistrados, explicó que Estados Unidos actúa bajo “motivaciones válidas, con sustento” de las irregularidades detectadas y conscientes de los efectos de las sanciones en el patrimonio: “Los mencionados deben tener capital, bienes e inmueble o visas para aplicarles las resoluciones. No podrán entrar a Estados Unidos a corto plazo, pero tampoco a otros países si piden cooperación para detectar bienes y ampliar las sanciones”. (Con información de El Nacional)
