La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió hoy al Gobierno de Venezuela de su obligación de proteger al Legislativo de ataques como el perpetrado el pasado jueves por parte de grupos que se identificaron como chavistas y que dejó 20 heridos, incluyendo siete diputados.
En un comunicado, la CIDH avisó a las autoridades del Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que no es suficiente condenar los hechos violentos, sino que tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenirlos, además de investigar, juzgar y sancionar a sus responsables.
«La Comisión condena categóricamente los hechos violentos y advierte con preocupación que hechos similares han ocurrido previamente. En el contexto de violencia que vive el país, la Comisión ha recibido información sobre grupos civiles armados que serían responsables de hechos violentos que han resultado en graves lesiones y muertes de manifestantes y transeúntes, incluyendo niñas, niños y adolescentes», aseguró el organismo.
El pasado 5 de julio, en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional venezolana, grupos de civiles armados irrumpieron violentamente en el edificio con armas de fuego, artefactos explosivos y objetos contundentes, como palos, tubos, hierros y piedras.
En el ataque, llevado a cabo en el contexto de la conmemoración de los 206 años de la firma del Acta de la Independencia de Venezuela, cinco diputados y siete funcionarios resultaron heridos, además de comunicadores sociales y por lo menos tres personas que participaban en la incursión violenta.
Los testigos también reportaron el robo de pertenencias personales y amenazas proferidas a los que se encontraban informando de lo sucedido.
La CIDH también condenó que como consecuencia, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, no pudiera asistir a la audiencia de la CIDH del pasado 6 de julio en Lima, en la que era uno de los solicitantes, sobre denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
«La Comisión urge al Estado venezolano a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y reitera su llamado a la búsqueda de una salida democrática para la crisis, respetar y garantizar el funcionamiento independiente de los poderes públicos, a fin de restablecer la paz para el pueblo de Venezuela«, concluyó.
