El Chapecoense anunció hoy que demandó ante un tribunal de lo Civil de Brasil a la compañía BISA Seguros y Reaseguros, contratada por la aerolínea LaMia, y a órganos del Gobierno boliviano por los daños causados en el accidente aéreo que acabó con la vida de 71 personas hace un año en Colombia.
El club informó que entró ante la 4ª Corte de lo Civil de Chapecó, ciudad sede del equipo, con «una acción de pedido indemnizatorio en el que figuran como reos Bisa Seguros (y Reaseguros) y órganos del Gobierno boliviano», señaló en un comunicado.
El Chapecoense solicita «la condena y el pago de las indemnizaciones» derivadas de la tragedia ocurrida el 28 de noviembre de 2016, cuando el avión en el que viajaba la plantilla, preparadores técnicos, directiva y periodistas se quedó sin combustible y se estrelló en un cerro cerca de Medellín.
De los 77 pasajeros que se encontraban en la aeronave en el momento del accidente, 71 de ellos fallecieron.
La entidad no detalló qué «órganos del Gobierno boliviano» incluyó en la demanda, pero se comprometió a dar más informaciones de la querella el próximo día 1 de diciembre al término de la reunión del Consejo Gestor del club.
BISA Seguros y Reaseguros fue contratada por la aerolínea boliviana LaMia y en mayo pasado alegó ante la Justicia que la póliza no estaba en vigor por impago y que además no cubría vuelos con destino a Colombia.
No obstante, un mes después, las autoridades bolivianas consideraron dicha póliza válida y afirmaron que la aseguradora estaba obligada a indemnizar a las víctimas.
La firma ya ha indemnizado a los parientes de los miembros de la tripulación que fallecieron, pero las familias de las víctimas que integraban la delegación del Chapecoense no han recibido ningún valor hasta la fecha.
La compañía mantiene la tesis de que la póliza no cubría viajes a Colombia, pero para compensar contrataron un importante bufete de abogados, Clyde & Co, para gestionar un fondo de «asistencia humanitaria» con 200.000 dólares para cada familia afectada.
Sin embargo, las familias que acepten esa indemnización perderán el derecho de poder procesar a los eventuales responsables en el futuro, cuando finalicen las investigaciones, aún en desarrollo en Brasil, Bolivia y Colombia, según afirmaron a Efe las asociaciones de víctimas.
La mayoría no ha aceptado el pago, aunque la aseguradora puntualizó en un informe que las conversaciones continúan su curso.
