La junta administrativa de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) designada por el líder del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, informó que pedirá en tribunales que se declaren ilegales unos bonos emitidos por el Gobierno de Nicolás Maduro, cuya garantía es la filial Citgo, tras fracasar la vía negociada con los acreedores.
En un comunicado emitido este lunes, los directivos ad hoc de Pdvsa informaron que entablaron «negociaciones con los titulares de Bonos Senior Garantizados de 8,50 % de Pdvsa con vencimiento en 2020 (los Bonos 2020) para intentar encontrar una solución razonable a las obligaciones restantes».
Advierten que, pese a «todos los esfuerzos realizados a la fecha», no alcanzaron «un arreglo razonable con los tenedores de los Bonos 2020».
Debido a la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con los acreedores y amparados en «la licencia 5A emitida por el Departamento del Tesoro del Gobierno de EE.UU.», los representantes de Pdvsa explicaron que ejercerán «acciones legales» para proteger sus derechos basados en «la invalidez de los Bonos 2020».
En el comunicado, la junta administrativa ad hoc de Pdvsa reveló que sostuvieron negociaciones «de buena fe» con los acreedores hasta el pasado 24 de octubre y que pidieron a los titulares de los Bonos 2020 «abstenerse temporalmente de ejercer cualquier remedio» para llegar a una «resolución consensuada».
El Departamento del Tesoro emitió el jueves pasado la licencia 5A que prohíbe por 90 días a los tenedores del bono Pdvsa 2020 ejecutar la garantía que les otorga la mayoría accionarial de Citgo, una medida que ha sido considerada una victoria diplomática temporal para Guaidó.
Este lunes vencía el pago de intereses del Bono 2020 por 913 millones, si el Gobierno venezolano no cumplía con el pago, los tenedores tenían el derecho de reclamar el 51,1 % de las acciones de la refinadora Citgo, que son la garantía de la emisión.
Hace dos semanas, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana aprobó una moción que declaró ilegal la emisión de los Bonos 2020 ya que, a juicio de la mayoría de diputados, «violó la Constitución».
Según el acuerdo aprobado en la sesión del Parlamento, «el contrato de emisión del Bono 2020 violó el artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues se trató de un contrato de interés público nacional, suscrito con sociedades mercantiles extranjeras, el cual no fue autorizado por la AN».
El control de Citgo está en el medio de la pugna entre el oficialismo y la oposición, mientras las autoridades de EE.UU. reconocen a la junta directiva ad hoc nombrada por la Asamblea Nacional, el Gobierno de Maduro acusa a los opositores de apropiarse de un activo estatal.
