La petición no es casual ni caprichosa. Es un hecho que en Venezuela persisten las razones que motivaron la convocatoria. Su presencia es tan necesaria que 125 organizaciones civiles nacionales e internacionales se manifestaron conjuntamente para exigir la renovación de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas para Venezuela.
La Misión fue aprobada en 2019 y renovada en 2020 con el fin de investigar graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014. En este tiempo ha producido varios informes de gran utilidad, pero su mandato finaliza en septiembre de este año y por ello organizaciones como Provea, Human Rights Watch, Cepaz y Amnistía Internacional, en representación de otras 121 ONG hacen un llamado a su permanencia. «Es tarea de las misiones diplomáticas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicitar y votar por su renovación para mantener su trabajo en marcha», precisa un comunicado enviado a esta redacción.
Entre los voceros de las organizaciones estuvieron Rafael Uzcátegui, de Provea; Tamara Taraciuk, de Human Rights Watch; Elvira y José Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete; Clara del Campo, de Amnistía Internacional; y Beatriz Borges, de Cepaz.
La necesidad de mantener la Misión en Venezuela es palpable. Muchos de sus informes han sido la única forma en que muchas de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, que abundan en el país, han podido sido escuchadas en un organismo internacional.
«No solo es la primera vez que las víctimas ven documentado para un organismo internacional lo que les ocurrió, sino que pueden verlo conectado con patrones represivos que afectan a otras personas», apuntó Elvira Pernalete. La mayoría de estos casos se encuentran impunes dentro de Venezuela y a lo sumo ha habido investigaciones o procedimientos contra funcionarios de bajo rango con acusaciones leves. «La justicia exige hacer más».
Piden que la Misión se mantenga en Venezuela
Clara del Campo, de Amnistía Internacional, dijo que esperan que la mayoría de los 47 Estados miembros del Consejo de DDHH de la ONU apoyen la renovación del mandato de la Misión de los Hechos. «El trabajo de justicia internacional en Venezuela debe continuar«. Ella explicó que para aprobar la resolución no es necesario un número fijo de votos sino que los votos a favor sean mayores que los negativos, por lo tanto son importantes incluso las abstenciones.
En el comunicado, las organizaciones recuerdan que ya en 2020 la Misión de Determinación de los Hechos había encontrado motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad. La recopilación de esta información con criterios técnicos es fundamental en la construcción de justicia para los venezolanos.
Tamara Taraciuk, de Human Rights Watch, enfatizó en que al día de hoy la Misión sigue siendo el único mecanismo independiente de monitoreo de ONU sobre Venezuela, con un mandato para investigar abusos y garantizar la rendición de cuenta de quienes cometen esos abusos. «Al renovar su mandato, los expertos podrán seguir trabajando en la recopilación de evidencias sobre las violaciones que se han cometido y se siguen cometiendo en Venezuela. De hecho, las razones por las que la Misión fue convocada en 2019 se mantienen hasta el día de hoy: impunidad estructural del gobierno de Venezuela, falta de mecanismos internos de reparación, e intentos continuos, por parte de las autoridades, de evitar o mitigar el escrutinio internacional.
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Tercer informe: El Arco Minero
La misión presentará en septiembre su tercer informe, en el que se revelarán informaciones sobre el Arco Minero. Los dos primeros ya sorprenden por su extensión y la cantidad de casos trabajados: 223 casos distintos con 274 entrevistas para el primer informe, y el análisis de 183 detenciones de opositores para revisar sus procedimientos de arrestos y procesos judiciales. Ese análisis estuvo acompañado de 177 entrevistas que incluyeron a funcionarios de cuerpos de seguridad venezolanos y del aparato de justicia. Aún así es mucho más lo que falta por documentar y denunciar.
Beatriz Borges, en representación de Cepaz, dijo que la justicia permite generar puentes entre el conflicto y la paz. «No queremos que se queden bajo el olvido y la impunidad las violaciones de derechos humanos que se han cometido en Venezuela”.
En los informes se han revelado datos novedosos para los investigadores, las víctimas y quienes monitorean derechos humanos en el país, como la existencia y ubicación de centros clandestinos de detención y tortura, así como el uso de la “sippenhaft”, un método de castigo de la Alemania nazi que significaba perseguir y culpar a los familiares de las víctimas para presionarlas en su entrega. Ambas han sido documentadas, no como hechos extraordinarios, sino como parte de un patrón represivo aplicado a varias víctimas a lo largo de estos años.
Con la etiqueta #QueSigaLaMisión, las organizaciones piden el apoyo de la sociedad venezolana para lograr la permanencia de Venezuela en la agenda internacional. “En septiembre se va a discutir sobre si la Misión de la ONU debería seguir trabajando sobre Venezuela. Para nosotros ha sido el mecanismo más importante de la verdad”, apuntó Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea.
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