Un llamado urgente al fiscal general, Tarek William Saab, hicieron las autoridades legítimas del Centro Cristal, Sector Comercial, para que detenga lo que calificaron como usurpación de funciones que de forma pública, notoria y comunicacional, viene realizando un grupo de personas, en flagrante desacato a la ley y a una decisión judicial que les impone cargas.
En visita a El Carabobeño, Judith Useche, abogada de la junta de condominio y la Administradora Temporal del Centro Cristal, Sector Comercial, gestión 2022- 2023, aseguró que estos fueron electos durante la asamblea de propietarios que se realizó el 11 de julio de 2022 y que fue convocada por el Juzgado Quinto de Municipios de Valencia, Libertador, Naguanagua, Los Guayos y San Diego de la Circunscripción Judicial de Carabobo.
A la abogada la acompañaron Gaybel Patiño, actual administradora temporal del centro comercial, y los propietarios Rosa Rodríguez, Esmeralda Gutiérez, Marinela Maola, Humberto Ochoa, Carolina Peña, Jenny Bordones, Maleiva Franco y Edgar Corcuera.
Useche detalló que la junta de condominio está integrada por Esmeralda Gutiérrez, Edgar Corcuera, Carolina Peña, como principales y como suplentes Jenny Bordones, Felipe Coglitiore y Maleiva Franco. El cargo de administradora temporal lo desempeña Gaybel Patiño. “Éstas son las autoridades legales y legítimas del Centro Cristal, Sector Comercial, quienes quedaron ratificadas por el Tribunal Superior Primero de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, mediante sentencia definitivamente firme”.
Un grupo integrado por Daniel Coronel, quien se presentó como presidente de la junta; Bárbara Quintero, administradora, y su esposo Hugo González, también miembro de la directiva, dijeron más temprano en El Carabobeño que ellos resultaron electos en una asamblea realizada el 21 de octubre.
Useche y Patiño aseguraron que en ese encuentro se generó un enfrentamiento que terminó con una persona herida y dos detenidas, todo lo cual ocurrió en presencia de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalíticas que investigaban otra agresión ocurrida el día anterior. También estaba el juez cuarto de los municipios Valencia, Libertador, Naguanagua, Los Guayos y San Diego, que había acudido a certificar la asamblea y registró los hechos tal como sucedieron.
Según Patiño, el juez se tuvo que retirar en virtud de la violencia que se desató en el lugar durante la asamblea, en la que un inquilino que respalda a la junta electa en julio resultó herido y otros dos, del grupo convocante que se adjudica la representación, fueron detenidos.
Gaybel Patiño, actual administradora temporal, narró que toda esta situación inició cuando la anterior administradora Bárbara Quintero, que está en el grupo que usurpa funciones de la junta, pese a que tenía el período vencido se negó a entregar el libro de actas, por lo que fue denunciada en fiscalía por apropiación indebida. «Ella pidió un recurso de amparo que le fue otorgado, pero los directivos legítimos impugnaron y la decisión salió a favor de la junta, lo cual arrojó una sentencia definitivamente firme. Luego se pidió un avocamiento al juez superior que ratificó que la electa en julio es la legítima junta de condominio del centro comercial».
En esa misma sentencia se ordena a los bancos posicionar a esta junta de condominio electa en julio, por lo que es esta la que maneja las cuentas.
Quintero también fue denunciada por desacato.
Los propietarios denunciaron que al centro comercial han llegado incluso efectivos del Servicio de Investigación Penal de la Policía de Carabobo, que amenazaron con llevarse detenidos a los directivos legítimos. Acudieron junto al fiscalía cuarta del Ministerio Público, donde fueron acusados por apropiación indebida de las cuentas del condominio.
Por lo pronto está pendiente un juicio de rendición de cuentas y una auditoría aprobada en asamblea de propietarios convocada por la junta de condominio electa en julo.
Según los directivos del condominio, Daniel Coronel se presenta como representante del gobernador Lacava quien, asegura, tiene intereses en el centro comercial. «Creemos que lo usa como una fachada para amedrentar» .
Patiño puntualizó que, ante el desacato reiterado y continuado de este grupo, el llamado es al Ministerio Público, donde cursan varias investigaciones penales contra este grupo. «Ellos están convictos y confesos de su desacato y de actuar al margen de la ley, de manera pública, notoria y comunicacional».
Los directivos y propietarios también hicieron un llamado a la Defensoría del Pueblo y a los tribunales de la República, para que paren lo que consideran un fraude.
