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Alfredo Fermín  | afermin@el-carabobeno.com

 

El Estado venezolano, como único distribuidor de papel
periódico, está asfixiando a El Carabobeño, por lo cual están dadas las
condiciones para una demanda por responsabilidad derivada del daño, en
violación fragante de la libertad económica consagrada en el texto
constitucional de 1999, que prohíbe el monopolio; y además, burlándose del
principio de la libre competencia.

Aníbal Rueda, exmagistrado de la extinta Corte Suprema de
Jusiticia, argumentó su declaración explicando que no se trata de una violación
específica de la libertad de información, ni tampoco de la libertad de
expresión. Se centra, en sí, del ejercicio de la figura del monopolio, de la
vulneración de otros principios constitucionales.

Entre esos principios está el trato desigual al de otros
medios de comunicación, los cuales disfrutan de suministro necesario para su
actividad. “Estamos en presencia de la desigualdad, como principio execrado de
nuestra Carta Magna”.

Se vulnera el ejercicio de libertad empresarial, consagrada
como parte de la libertad económica, porque la publicación del diario está
amenazada y se disminuye la calidad de la empresa por la irracional medida que
conlleva a limitar su natural función: publicación de un periódico escrito, que
carece de papel.

El doctor Rueda considera que el Complejo Editorial Alfredo
Maneiro (CEAM), que tiene el monopolio del papel, impone la restricción de la
libertad de trabajo en El Carabobeño causándole a su personal inseguridad,
intranquilidad y permanente amenaza de cierre que conllevaría la pérdida de su
fuente laboral, en un estado, carente de fuentes suficientes para la mano de
obra calificada.

 “La conducta del
Estado, a través de una empresa monopolizadora, lo hace pasible de
responsabilidad civil o patrimonial, penal; por violación de principios
constitutivos de Derechos Humanos fundamentales, contra la empresa, los
trabajadores y la población, principios consagrados en los textos de los
tratados internacionales suscritos por la República, referentes al derecho a la
información”.  




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