EFE
Representantes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron, mediante un comunicado divulgado este miércoles, su
preocupación por el decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica
impulsado por el Poder Ejecutivo en Venezuela, con duración de 60 días.
A juicio de los delegados del
organismo internacional, este mecanismo puede comprometer el respeto del Estado
de Derecho y la separación de los poderes estatales, así como dotar al Gobierno
de poderes discrecionales.
Mediante un lenguaje amplio y ambiguo,
señaló el texto, el decreto establece conceptos como el de «acciones
desestabilizadoras que atenten contra la seguridad y la soberanía
nacional», para aplicar medidas de seguridad pública y «planes
especiales».
Los representantes de la comisión consideraron que el decreto también vulnera el artículo 222 de la Constitución de la República, al
atribuir al presidente Nicolás Maduro la potestad de suspender sanciones políticas contra autoridades del Poder Público, función de control propia de la Asamblea
Nacional, en referencia a la negativa del mandatario de revocar al ministro de alimentación, Rodolfo Marco Torres, por no comparecer ante el Parlamento.
Asimismo, manifestaron su inquietud por las funciones atribuidas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de distribuir alimentos y productos de primera necesidad.
Según lo reseñado en EFE, la CIDH entiende que, por carecer las Fuerzas
Armadas de un adecuado entrenamiento para desempeñar labores de control de la
seguridad ciudadana, «corresponde a una fuerza policial civil, debidamente
entrenada y respetuosa de los derechos humanos, garantizar la seguridad y
mantener el orden público».
El organismo que defiende los derechos humanos reiteró al Gobierno nacional que su obligación es garantizar los derechos de la población, por lo que le instó a asegurar un clima de libertad y seguridad para toda su ciudadanía.
