EFE
El Congreso brasileño puso en marcha un proceso para la posible destitución de
la presidenta Dilma Rousseff, el cual estará en manos de 65 diputados de 23
partidos, quienes decidirán si la mandataria será sometida a un juicio
político.
Los 65 legisladores formarán la comisión especial que prevé la Constitución
para juicios de esa naturaleza y determinarán si las maniobras fiscales
denunciadas por la oposición y censuradas por órganos de contraloría del Estado
constituyen un motivo para despojar a Rousseff del cargo.
La comisión se instalará el próximo lunes y ese mismo día notificará
oficialmente sobre el proceso a Rousseff, quien tendrá un plazo de diez
sesiones, para presentar su defensa. luego la comisión votará el informe que
preparará el diputado instructor del caso. Si la comisión es favorable al juicio político, la palabra pasará al pleno de
los 513 diputados. en
silencio
Lula en Silencio
El oficialismo en pleno se ha puesto en defensa de la presidenta, pero en medio
de las protestas sorprendió el silencio del expresidente Luiz Ignacio Lula da
Silva, su antecesor y padrino político, quien se ha limitado a compartir en
redes sociales las quejas de otros sin hacer pública una opinión propia.
Aún así, el oficialismo también se ha movido en el terreno jurídico y diputados
del PT acudieron a la Corte Suprema para demandar que se declare nula la
decisión de abrir un juicio contra Rousseff.
«Es una acción para anular esa decisión y también todos sus efectos»,
dijo a periodistas el diputado Wadih Damous tras entregar la demanda en el
tribunal. Entre sus argumentos, Damous sostiene que el presidente del Parlamento Eduardo Cunha
al aprobar el juicio político actuó motivado por «intereses
personales», «sin ninguna finalidad pública», y que incurrió así
en lo que la ley califica de «desvío de funciones».
