AFP
El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió el jueves a
Venezuela que respete la libertad de acción de los opositores políticos e
investigue los presuntos casos de «amenazas y ataques» contra ellos y
contra periodistas, activistas y abogados.
En sus observaciones sobre un informe presentado por
Venezuela en junio «con siete años de retraso», el comité pidió
garantías al gobierno del presidente Nicolás Maduro para que no tome medidas
«que pudieran constituir intimidación, persecución, descalificación o una
injerencia indebida» en la labor de estos colectivos.
Cuando faltan poco más de cuatro meses para las elecciones
legislativas, varias decenas de personas se encuentran encarceladas en el país
por motivos políticos.
Entre los casos más conocidos a nivel internacional se
encuentran el del líder Leopoldo López y el del exalcalde Daniel Ceballos,
acusados de incitar a la violencia en las protestas antigubernamentales de
2014. El comité está «preocupado» por su situación, y recuerda a
Caracas que sus detenciones fueron declaradas «arbitrarias» por la
ONU.
El comité no sólo reclama «protección efectiva»
para periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas sociales y
abogados, sino que pide investigaciones «prontas» e
«imparciales» sobre las acusaciones de casos de «intimidación,
amenazas y ataques».
Los 18 expertos de este comité denunciaron los presuntos
«casos de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, tortura o malos
tratos, detenciones arbitrarias» durante las manifestaciones de 2014.
De febrero a mayo de ese año, varias ciudades venezolanas
fueron escenario de protestas contra la inseguridad, la inflación galopante y
la escasez de alimentos y productos básicos, que dejaron 43 muertos, y
centenares de heridos y de detenidos.
El comité lamenta que «hasta la fecha sólo se ha
condenado a siete funcionarios» por estas presuntas violaciones de los
derechos humanos.
En este sentido, el comité expresa su preocupación por la
situación del poder judicial en Venezuela en lo referente a «la autonomía,
independencia e imparcialidad».
Considera que hay pocos jueces titulares -«34%»-,
lo que permite llevar a cabo nombramientos y remociones «de manera
discrecional».
Concretamente, se preocupa por el caso de la jueza María
Lourdes Afiuni, detenida en 2009 por supuesta corrupción en el ejercicio de su
profesión. Los expertos piden a las autoridades venezolanas «un juicio
justo» y que se investiguen «las alegaciones de malos tratos y
agresión sexual que habría sufrido durante su detención».
El informe incluye un apartado sobre la libertad de
expresión en el que hace hincapié en la conveniencia de «despenalizar la
difamación» y otras medidas que criminaliza «a quienes ofendieren o
irrespetaren al presidente y a otros funcionarios de alto rango».
La crispación política y social en Venezuela se encuentra en
un punto álgido antes de las elecciones del 6 de diciembre, vistas por muchos
como la prueba más difícil a la que se enfrentará Maduro, heredero del
fallecido Hugo Chávez, en sus dos años de gobierno.
Según una encuesta de abril, el oficialismo perdería por
primera vez desde 1999 la mayoría parlamentaria.
