La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó una nueva
demanda del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela contra tres
publicaciones a las que exige una millonaria indemnización, situación que la
organización hemisférica calificó de “hostigamiento judicial y económico” que
viola principios elementales de libertad de prensa que deben regir en
democracia.
La SIP también se hizo eco de la preocupación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “ante las reiteradas declaraciones
estigmatizantes y el hostigamiento judicial desplegados durante los últimos
meses contra los medios El Nacional, Tal Cual, La Patilla y sus directivos por
parte de altos funcionarios del gobierno de Venezuela”
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/093.asp.
El 12 de agosto el presidente de la Asamblea Nacional,
Diosdado Cabello, anunció en su programa televisivo que el tribunal admitió una
demanda civil que presentó contra el diario El Nacional, el semanario Tal Cual,
el portal digital La Patilla y sus propietarios.
En su demanda exige una indemnización por “daños morales” de
mil millones de bolívares. Tomando el tipo de cambio Sicad (Sistema de Cambio
Complementario de Administración de Divisas) del Banco Central, ese monto
equivale a $78 millones de dólares.
La nueva querella se basa en la reproducción en enero pasado
de una información del diario ABC de España sobre supuestos vínculos del alto
funcionario con el narcotráfico. En abril Cabello presentó una demanda penal
contra 22 directivos y representantes de los tres medios por el delito de
“difamación agravada continuada” por la reproducción del artículo del periódico
español, prohibiéndosele a los periodistas imputados la salida del país y tener
un régimen de visita ante los tribunales.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, dijo que “esta
indemnización irrisoria busca el ahogo económico de los medios y de sus
propietarios” (Miguel Henrique Otero de El Nacional, Teodoro Petkoff Malec de
Tal Cual y Alberto Federico Ravell de La Patilla) y de “poner fin al periodismo
indpendiente”.
Mohme, director del diario peruano La República, agregó que
más allá de que en este caso no hay delito alguno por reproducir
investigaciones periodísticas, lo que se destaca “es la desproporcionalidad del
castigo, que evidencia que se trata de un castigo que el poder quiere hacer
ejemplarizante para que todo el periodismo se autocensure por temor a sufrir
represalias económicas”.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de
Prensa e Información de la SIP, expresó que “este caso refleja la falta de
independencia de los poderes y sobre cómo estos están orquestados para limitar
la libertad de prensa”.
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, se refirió
a que el Tribunal Supremo, sin que aún se haya realizado una audiencia judicial
por el caso, expresó con antelación su solidaridad con el funcionario
estableciendo que la divulgación de esa reproducción periodística, “al carecer
de veracidad acarrean las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico
nacional”.
La CIDH destacó también en su pronunciamiento que existe
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a que
“las declaraciones estigmatizantes efectuadas por altos funcionarios públicos
contra personas que ejercen su libertad de expresión pueden ponerlos en una
posición de mayor vulnerabilidad”, y su repetición “puede contribuir a
exacerbar el clima de hostilidad, intolerancia y animadversión”.
Establece además que la jurisprudencia interamericana
reconoce que la libertad de expresión otorga a los directivos de medios y a los
periodistas “el derecho a investigar y difundir” sobre asuntos de interés
público que incluso estén disponibles en la prensa extranjera, e indicó que “el
uso del derecho penal – principal poder coercitivo del Estado – para sancionar,
reprimir, inhibir aquellas expresiones críticas a la actuación de autoridades
estatales o sobre cuestiones de interés público, es incompatible con la
Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la
defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas.
Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y
tiene sede en Miami, Estados Unidos. Para mayor información, por favor,
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