EFE
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó este domingo que se encuentra a la espera de las pruebas que le ayuden a dictar sentencia sobre el caso de los diputados indígenas del estado de Amazonas que fueron suspendidos por un supuesto fraude electoral.
«En este momento el proceso se encuentra en la etapa de recolección de pruebas, cuya realización es fundamental para continuar el proceso y dictar sentencia», asegura un comunicado enviado por el Supremo venezolano.
«En esta etapa se han presentado situaciones que han impedido culminarla por ahora, aun cuando del expediente se evidencia que el Poder Judicial ha desplegado todas las acciones necesarias para seguir impulsando este y los demás procesos que le corresponden», agrega el documento.
A fines de diciembre, el Tribunal Supremo ordenó la suspensión de de tres diputados opositores y un chavista como medida cautelar mientras se investigaban presuntas irregularidades en la elección.
Pero los tres opositores suspendidos, Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, fueron juramentados pese a la suspensión que ordenó el TSJ, por lo que días después el máximo tribunal declaró en desacato al Parlamento y con ello la nulidad de sus actos.
Ante esto, los tres legisladores solicitaron desincorporarse del parlamento, que desde enero es controlado por la oposición.
El pasado jueves, la directiva del parlamento decidió reincorporar a los diputados opositores suspendidos, a pesar de estas sentencias, por lo que un día después una comisión de diputados chavistas solicitó al Tribunal Supremo que se declarara la ilegalidad de cualquier acto o decisión del Legislativo.
Los parlamentarios chavistas aseguran que la incorporación de sus compañeros suspendidos hacen que el parlamento esté ilegalmente constituido.
La Procuraduría de Venezuela sostuvo este sábado que tal acto era inconstitucional y que por tanto el órgano legislativo no podía pretender legitimidad.
Lea a continuación el comunicado completo.
A pesar de las constantes actuaciones de las partes y
terceros interesados, en especial, quienes resultaron favorecidos con ese
proceso electoral, se han ido realizado todos los actos procesales como lo
pauta la Ley.
Actualmente se encuentra pendiente una solicitud de
reposición de la causa, al estado de librar una nueva comisión, requerida
recientemente, el 25 de julio de 2016, por un tercero interesado en el proceso,
Fidel Caballero representado por Rosnell Carrasco, en apoyo a los diputados
cuya proclamación está temporalmente suspendida, dirigida a recabar unas
pruebas testimoniales.
Como se recordará el 29 de diciembre de 2015, la ciudadana
Nicia Maldonado interpuso recurso contencioso electoral con amparo cautelar,
contra los comicios parlamentarios celebrados en Amazonas, con motivo de la
ocurrencia de hechos contrarios a la ley, públicamente conocidos, que podrían
dar lugar a la configuración de fraude electoral en detrimento de la voluntad
libre y soberana de los electores de esa entidad.
La acción judicial fue admitida por la Sala Electoral el 30
de diciembre de 2015, ordenando de forma provisional la suspensión de efectos
de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los diputados
electos en Amazonas, en razón de existir considerable fundamento para ello.
Esa sentencia fue desacatada por la mayoría de los
integrantes de la Asamblea Nacional al incorporar a los tres (3) diputados del
estado Amazonas, razón por la cual, en sentencia del 11 enero de 2016, la
referida Sala declaró el desacato y la inmediata desincorporación de los mismos
del órgano legislativo nacional; sentencia esta que sí fue acatada debidamente,
en reconocimiento del error jurídico en el que incurrió la Asamblea Nacional.
En este momento el proceso se encuentra en la etapa de
recolección de pruebas, cuya realización es fundamental para continuar el
proceso y dictar sentencia. En esta etapa se han presentado situaciones que han
impedido culminarla por ahora, aun cuando del expediente se evidencia que el
Poder Judicial ha desplegado todas las acciones necesarias para seguir
impulsando éste y los demás procesos que le corresponden.
Así pues, el TSJ ha asegurado el cumplimiento de las
garantías constitucionales de acceso a la jurisdicción, tutela judicial
efectiva y debido proceso a todos los intervinientes en la causa judicial en
referencia.
El
máximo tribunal garantiza el respeto la Constitución y a las sentencias
emanadas del Poder Judicial, así como la firmeza en la aplicación de todo lo
previsto en el ordenamiento jurídico para mantener la institucionalidad y
preservar el Estado de Derecho y de Justicia como elementos fundamentales para
la convivencia social y bienestar de pueblo venezolano.
