EFE
Un total de 394 ciudadanos colombianos, de los cuales
42 son menores de edad, han sido deportados por Venezuela en los últimos 2 días, luego de que entrara en vigor el
estado de excepción decretado por el Gobierno de Nicolás Maduro tras un ataque
en la frontera, informó hoy el Ministerio del Interior de Colombia.
Ante esta situación, el ministro del Interior
colombiano, Juan Fernando Cristo hizo un llamamiento a las autoridades
venezolanas para «que se pueda solucionar este drama humanitario de una
forma rápida sin afectar los derechos de los colombianos en Venezuela».
En una
rueda de prensa celebrada en la ciudad fronteriza de Cúcuta, Cristo aseguró que
el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se comunicará con su homólogo
venezolano para conversar sobre esta situación.
El pasado
miércoles los pasos entre el departamento de Norte de Santander (Colombia) y el
estado de Táchira fueron cerrados por orden de Maduro tras un ataque de
presuntos contrabandistas contra militares venezolanos que se saldó con 3
uniformados y un civil heridos.
Tras el
cierre de la frontera, Maduro decretó estado de excepción en el estado de
Táchira por 60 días prorrogables, que entró en vigor el sábado, y cerró
«hasta nuevo aviso» todos los pasos fronterizos con Colombia en esa
región, que es, asegura, usada por contrabandistas y paramilitares.
Cristo
explicó que el vicepresidente venezolano, Jorge Arreaza, se encuentra haciendo
una visita en la ciudad fronteriza de San Antonio de Táchira, por lo que le ha
pedido aprovechar esta situación para mantener una reunión.
Asimismo,
afirmó que actualmente ambas partes están definiendo el sitio de la frontera donde
se va a realizar la reunión entre las cancilleres de ambos países que debe
celebrarse el próximo miércoles.
En su
intervención, el ministro también anunció la creación de un centro de mando
unificado liderado por la Policía y el Gobierno en la ciudad de Cúcuta para
atender la llegada de deportados.
En dicho
centro habrá funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la
Cancillería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de las autoridades
regionales y municipales.
