Comandancia General de la Policía de Carabobo. (Foto Cortesía ONG UVL)

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y su titular, Iris Valera son los responsables del motín que ocurrió la mañana de hoy en la Comandancia General de la Policía del estado Carabobo, afirmó el director de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma.

Nieto Palma responsabilizó a la ministra y al Ministerio de Servicio Penitenciario del suceso, además, aseguró que la situación en se denunció años anteriores.

Los informes de la ONG, dedicada al tema de los Derechos Humanos, sostienen con cifras la dramática situación que se vive en los calabozos policiales del país, indicó. “Es grave y alarmante. Lo que ocurrió en Carabobo hoy es una muestra de ello y eso se vive en toda Venezuela”, manifestó.

Todas los comandos de policías en el país se encuentran en un estado de caos

Todos los comandos de policías en el país se encuentran en un estado de caos, por la negligencia del Ministerio de Servicio Penitenciario que no soluciona el problema, sostuvo.

El director de la organización recordó que desde hace varios años el ministerio prohíbe el ingreso de los nuevos reclusos a los recintos carcelarios si no son previamente autorizados por ellos.  Para que se realice la autorización.

Para que den la autorización hacen unas exigencias a los organismos policiales y en muchos casos a los familiares imposibles de cumplir, como comprar un kit que incluye colchonetas y uniformes, así como útiles personales, añadió.

Nieto Palma indicó que hace ya siete años, cuando el ministerio fue creado, la ministra Iris Varela ofreció construir un recinto penitenciario en cada estado del país exclusivamente para albergar a personas procesadas en estos casos, como centros de detención preventivas, y no han hecho ninguno.

Foto Cortesía ONG Una Ventana a la Libertad.

“Esto es lo que ha creado el caos que se vive en toda Venezuela”, advirtió y refirió que las cifras indican que hay un hacinamiento de 300% aproximadamente en los centros de detención preventiva.

De igual forma recordó que los funcionarios policiales tienen como función primordial dar seguridad a los ciudadanos, su labor no consiste en cuidar presos. Tampoco los centros de detención preventiva están acondicionados para mantener a los detenidos por más de 48 horas y algunos permanecen años recluidos allí.

Familiares a las afueras del Comando de la Policía de Carabobo aseguraron que las condiciones de hacinamiento generan un malestar entre los detenidos que esperan sus traslados a centros como el Internado Judicial de Carabobo o que les otorguen la libertad.

Denuncian que el retardo procesal también contribuye a que los presos permanezcan más tiempos en calabozos construidos para no más de 40 personas y que albergan más de 100, en condiciones de insalubridad.

Lo sucedido

Las versiones extraoficiales indican que se registró una situación irregular en una de las celdas de este comando policial, cuando unos detenidos lograron despojar de su arma a un funcionario de guardia y éste fue herido en la pierna.

De inmediato se generó un incendio que alcanzó a colchonetas y las llamas se extendieron rápidamente. Se desconoce cómo se inició el fuego.

Un grupo de funcionarios, que pidió ayuda a otros organismos de seguridad, llegó para abrir un boquete en el calabozo y  tratar de sacar a los detenidos que presentaron quemaduras y asfixia por el humo.

En horas del mediodía, los familiares intentaron romper el cordón policial para tratar de ingresar a la sede de la Policía de Carabobo y en el forcejeo un funcionario fue herido con una piedra y dispersaron la protesta con bombas lacrimógenas.

Hasta las 2:00 p.m. de este miércoles 28 de marzo, ninguna autoridad ha ofrecido la versión oficial de lo ocurrido, tampoco las cifras de los muertos y heridos.

Luego de lo ocurrido,  actuaron funcionarios de la Policía de Carabobo, Policía de Valencia, Policía Nacional Bolivariana, Sebin, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Guardia Nacional, Protección Civil, y Bomberos de Valencia, de San Diego y del estado Carabobo, entre otros.

Con Nota de Prensa de la ONG  Una Ventana a la Libertad




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