Durante el mandato del Presidente Obama y más tarde bajo la gestión Trump, el gobierno de los EE.UU. impuso sanciones económicas de diversa índole en contra de algunos funcionarios e instituciones venezolanas. Varios países en Europa y otras regiones hicieron lo propio.
En general, estas medidas son consideradas adecuadas porque pretenden el cambio de comportamiento del sancionado, ya que teóricamente afectan sólo a unas pocas personas o grupos determinados. No obstante, históricamente dichas sanciones han demostrado no ser efectivas en cuanto al objetivo propuesto y sí han implicado un costo social importante.
En el caso venezolano, tales medidas han implicado una pérdida muy significativa del nivel y calidad de vida de la población, al restringir severamente la capacidad económica nacional, toda vez que al afectar directamente al sector petrolero se restringe nuestra principal fuente de ingresos. Muy a pesar de la importante industrialización experimentada por el país en la segunda mitad del siglo pasado, cuando el petróleo representaba no más de un tercio de nuestro PIB, las políticas económicas de los últimos cinco lustros han generado un marcado retroceso en cuanto al aporte del sector privado a la producción y a la recaudación fiscal, y regresamos a ser en esencia un país mono dependiente; con el severo agravante de que el manejo reciente de PDVSA la haya conducido a la triste situación actual. De allí que la renta de los hidrocarburos sea aún mucho más importante para el mantenimiento y recuperación de la misma infraestructura petrolera, así como el resto de los servicios públicos que obviamente están hoy día por el suelo.
Ante este escenario los políticos de oposición y muchos connacionales que viven en el extranjero alzan sus voces y presionan por mantener las sanciones y no permitir en lo más mínimo las operaciones ni inversiones de empresas petroleras extranjeras. Proponen usar este mal momento económico para lograr negociaciones políticas que lleven a unas muy anheladas elecciones libres.
Ciertamente, el planteamiento tiene mérito y no tratamos de desmontar la tesis ofrecida, pero…hay un inmenso pero que debemos atender. Las fulanas medidas no han surtido ninguno de los efectos pretendidos en cuanto a mejorar las condiciones de los derechos humanos, libertades políticas, justicia y tantas otras aspiraciones. Más sin embargo, si han contribuido en mucho a ahogar al pueblo venezolano en una situación social imposible. El 85% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal, más de la mitad no alcanza a ganar ni $100 al mes, las oportunidades son escasas por demás y la consecuente migración nos ha costado una diáspora que supera ya los 7 millones de familiares y vecinos.
En algún momento tendremos que aceptar que quienes están siendo sancionados en realidad somos todos los venezolanos que residimos el país y no solo unos pocos dirigentes, que el impacto de cualquier apertura será inmediato en mejorar las condiciones de vida de la población y que sin inversión extranjera no será posible recuperar la capacidad de producción y refinación de petróleo y gas, de la producción y transmisión de la electricidad, el suministro adecuado de combustibles, agua, la salud, educación, vialidad y todos los servicios que el Estado necesariamente debe proporcionar.
Ciertamente, hay un elevado costo político inserto en el planteamiento de permitir la flexibilización de las sanciones, un costo que cuesta mucho aceptar. No hay garantías de que una eventual apertura no alimente conductas intolerables, ni tampoco las hay de que los recursos se destinen efectivamente a las ingentes prioridades nacionales. Pero lo que si seguro es que hasta ahora ninguna de esas conductas han desaparecido por razón de las sanciones ¡Debemos hacer algo diferente si aspiramos a otros resultados!
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