Después de un año de trabajo y recopilación de cientos de documentos y testimonios, la semana pasada fue remitida a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya una denuncia suscrita por la Asociación Cuban Prisoners Defenders, que preside Javier Larrondo, y la ONG Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), coordinada por el expreso de conciencia José Daniel Ferrer, un exhaustivo documento denunciando al Gobierno de Cuba –representado en la figura de seis destacados miembros del régimen cubano– por «la comisión de crímenes de lesa humanidad de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos recogidos» en el artículo 7 del Estatuto de Roma.
Esas personas son: Raúl Castro, al frente del gobierno cubano entre 2006 y 2018 –y en la actualidad primer secretario del Partido Comunista–; y Miguel Díaz-Canel, presidente desde abril de 2018. A ellos se suma el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, el de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández.
La denuncia, de cuya recepción acusó recibo el CPI este lunes y ha sido presentada este martes a la prensa desde la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, abarca un periodo comprendido entre el año 2002 hasta la actualidad y se centra en los abusos a que han sido sometidos miles de trabajadores, especialmente médicos, que se han visto forzados, en su mayoría, a participar en las conocidas como Misiones de Internacionalización, muchas de las cuales están amparadas por Convenios internacionales.
El presidente de Cuban Prisoners Defenders, Javier Larrondo, explica a ABC cómo ha sido la elaboración de la denuncia: «Ha tomado casi un año de trabajo de documentación en donde empezamos con una perspectiva global de crímenes de lesa humanidad y entendimos en un momento determinado que Cuba tenía una vulnerabilidad en su accionar al exportar su esclavitud a terceros países que tenían convenios y tratados que protegen los derechos de todos los habitantes en ellos incluidos los cubanos. Fue entonces cuando nos centramos en las misiones y en los trabajos en el exterior de Cuba y descubrimos que ejercita las mismas violaciones de Derechos Humanos sobre los trabajadores que ejercitan dentro de la isla. Nos dimos cuenta que teníamos jurisdicción y competencia en numerosos foros y que el gobierno era por fin vulnerable ante la verdad jurídica».
En dichas misiones, que duran aproximadamente tres años, participan entre 50.000 y 100.000 trabajadores civiles (médicos, profesores, ingenieros, deportistas…) en más de un centenar de países, 58 de los cuales son Estados parte del Estatuto de Roma –entre ellos, Brasil, Guatemala, Argentina, Colombia, Honduras, Ecuador, Venezuela, México, Bostwana; así como cuatro países europeos, Italia, Portugal, Suiza y Malta–. Si bien Cuba no forma parte del CPI, los crímenes sí han sido y están siendo cometidos en países que lo son, lo que permite llevar adelante esta denuncia inédita hasta el momento.
Estas misiones han servido para llevar los cuidados médicos a poblaciones remotas y a personas carentes de recursos, pero también para el enriquecimiento del Gobierno de Cuba a costa del trabajo de miles de médicos, según pretende demostrar la denuncia. Estos han recibido una parte mínima de su salario, entre el 10% y el 25% del salario acordado entre el régimen cubano y el país en el que prestan servicio, reembolsándose el régimen cubano entre el 75% y 90% restante. A esta violación de sus derechos económicos se suma las condiciones de vida a la que han sido sometidos, como un estricto control –prohibición para conducir, control de pernocta, de movilidad, de horarios, vigilancia electrónica–, además de haber sido víctimas de persecucion y amenazas si no cumplían las exigencias del régimen o abandonaban la misión.
Nota completa aquí ABC
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