“Los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) no deben darle la espalda al pueblo nicaragüense en su hora de necesidad”, declaró hoy la directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, Erika Guevara Rosas.

El gobierno del presidente Daniel Ortega “no ha mostrado la menor inclinación a poner fin a su política sistemática de represión violenta que ya se ha cobrado más de 100 vidas en menos de dos meses, con un saldo que sube cada día”, sostuvo.

En respuesta al “Proyecto de Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua”, presentado por las misiones de Estados Unidos y Nicaragua, para ser discutido y votado en la Asamblea General de la OEA, Guevara Rosas dijo que “si los países de la región ignoran la responsabilidad del gobierno por estas atrocidades, serán cómplices de la matanza continua de manifestantes y civiles”.

“Las valientes personas, los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua necesitan mucho más que tímidas condolencias y generalizaciones; necesitan un compromiso firme para garantizar que las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves de los derechos humanos no se repitan ni queden impunes”, señaló.

En un comunicado difundido en Ciudad de México, expuso que “el verdadero apoyo al pueblo nicaragüense significaría hacer que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos para garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”.

“Los Estados miembros de la OEA deben enviar un mensaje claro de que ningún gobierno pisoteará los derechos del pueblo ni evitará el escrutinio y la condena de la comunidad internacional. El respeto y la garantía de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana no son negociables”, acotó.

El presidente de la Asamblea General de la OEA, el ministro de Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga, informó ayer de la inclusión de la declaración “en apoyo al pueblo de Nicaragua” en la agenda del del encuentro interamericano que se realiza en Washington.

El contenido del documento, una fórmula poco comprometedora, pasará a la Comisión General del organismo, que dirimirá finalmente si es elevada o no al pleno de la Asamblea para que sea votada por los Estados miembros.

Desde el 18 de abril, Nicaragua vive su crisis más sangrienta desde los años 80 con al menos 108 muertos y cerca de un millar de heridos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Las protestas contra Daniel Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron por unas reformas fallidas de la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del presidente, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.

La violencia se ha intensificado en los últimos días y solo en la “Madre de todas las marchas”, celebrada el 30 de mayo, hubo 15 muertos y 199 heridos, de acuerdo a cifras del Gobierno.




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