Complejo Penitenciario de Carabobo (Foto referencial)

Amnistía Internacional (AI) pidió hoy al Gobierno venezolano garantizar la integridad física de Alexis Tirado, a quien calificó de preso político, durante el motín en la cárcel de Tocuyito, estado Carabobo, en la que se encuentra recluido y en el que, según la oposición, se encuentra como rehén.

“Mientras esté recluido es responsabilidad de las autoridades garantizar su integridad física y procurar su pronta liberación del secuestro en el que se encuentra”, señaló el director de AI Venezuela, Marcos Gómez, en un comunicado.

Señaló que, además, se debe brindar de inmediato el acceso a información verificable sobre su estado, a sus familiares y abogados.

Varios reclusos se amotinaron ayer en este penal del estado Carabobo, para reclamar, según el coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, mejoras en la alimentación, traslado a sus cárceles de origen y para denunciar los maltratos a los que dicen que son metidos.

Según varios diputados opositores y medios locales, los reclusos tomaron como rehenes a Tirado y otros tres calificados por la oposición como presos políticos.

Gómez señaló hoy que las autoridades deben permitir el traslado de Tirado a instalaciones de menor riesgo, mientras terminan de procesar su total liberación.

Y, agregó que “abstenerse de trasladar a personas detenidas por motivos políticos y en el marco de las protestas a cárceles peligrosas y menos cuando han sido objeto de medidas cautelares de la CIDH”.

Para el responsable de AI, la presencia de Tirado en este penal constituye un castigo cruel,  lo coloca en una situación de mayor vulnerabilidad y agrava más la violación, no solo de su derecho a la libertad, sino que pone en riesgo su vida e integridad.

Alexander Tirado fue condenado en marzo de 2015 a ocho años de cárcel por, según informó entonces el Ministerio Público, haber instigado a la desobediencia de las leyes, durante una de las manifestaciones antigubernamentales de marzo de 2014.

Entonces fue sentenciado por los delitos de instigación pública, intimidación pública con artefactos incendiarios y agavillamiento (asociación para delinquir).




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