El gobierno alemán aprobó el miércoles un controvertido proyecto de ley para acelerar las expulsiones de miles de solicitantes de asilo cuya petición haya sido rechazada, después de que un migrante tunecino en esta situación cometiera el atentado de Berlín en diciembre.
Las medidas, que todavía tendrán que recibir el visto bueno del Parlamento, forman parte de un acuerdo de principios concluido hace dos semanas por los Estados regionales, responsables en el país de la puesta en marcha de las expulsiones, y del gobierno federal.
A unos meses de las legislativas de septiembre, en las que Angela Merkel tratará de lograr un cuarto mandato consecutivo, la canciller busca mostrar una mayor firmeza ante las críticas, algunas vertidas desde su propio campo conservador, por haber abierto la puerta a más de un millón de migrantes en 2015 y 2016.
El texto prevé acelerar y facilitar los envíos a sus países de origen de aquellos solicitantes de asilo cuya petición no haya prosperado, como era el caso del autor del atentado yihadista con un camión que dejó 12 muertos el 19 de diciembre en Berlín.
La solicitud de asilo del tunecino Anis Amri, de 24 años, había sido denegada pero no pudo ser expulsado, por la falta de cooperación de las autoridades tunecinas. Algo que ya no será permitido, advirtió el ministro de Interior, Thomas de Maizière.
Alemania pretende aumentar de cuatro a diez días la duración de la detención de los migrantes a los que se les haya negado el asilo y considerados por la policía como potencialmente peligrosos, antes de ser enviados a sus países.
Los solicitantes de asilo que mientan sobre su identidad o que incumplan la ley tendrán que enfrentar sanciones más severas, como la imposición de una pulsera electrónica.
Otro punto polémico: Las autoridades tendrán potestad para acceder a los datos de los celulares de los solicitantes de asilo si dudan sobre su identidad.
En 2016, 80.000 personas fueron expulsadas de Alemania o dejaron el país voluntariamente, frente a las 50.000 del año anterior.
