Juan Carlos Márquez Cabrera, el exdirectivo de Pdvsa que fungía como testigo clave en la última trama de corrupción chavista en España, llevaba una vida plácida y secreta en Madrid hasta que fue citado por la Audiencia Nacional para colaborar en la investigación que salpica al exembajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela por corrupción y blanqueo de capitales. Desde entonces, un cúmulo de hechos extraños persiguieron al abogado.

Hace cinco años, Juan Carlos Márquez Cabrera, exdirectivo de Petróleos de Venezuela (PDVSA), se mudó a un lugar de Madrid en el que pasaría inadvertido entre la creciente comunidad venezolana, en el barrio de Las Tablas, justo detrás de la sede central de Telefónica.

Márquez, abogado y exprofesor de derecho en la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, había adquirido un inmueble en la calle Valcarlos, una zona de clase media pujante en el barrio de Las Tablas, conquistado por jóvenes profesionales y comerciantes venezolanos.

Vázquez no vivía en Madrid con los lujos excesivos de los millonarios boligurgueses. Vivía en un barrio de clase media pujante y parecía decidido a contar al juez español todo lo que sabía.

En el bloque número 9 de la calle, disfrutaba de la piscina techada y el parque infantil con sus dos hijos pequeños, según recuerdan los vecinos del inmueble. Nunca vivió allí de forma ininterrumpida. “Iba y venía porque viajaba mucho. No hablaba demasiado. Apenas daba un buenos días o buenas noches. Hace tres años vendió la vivienda a un médico latinoamericano (no sabemos si venezolano) y no lo volvimos a ver”, explica un vecino del edificio.

Márquez no llevaba la vida de un millonario boligurgués chavista con castillo, yate y jet privado. Registró su despacho de abogados en su propia vivienda bajo la figura de trabajador autónomo. En ese barrio, una vivienda de dos o tres habitaciones ronda el medio millón de euros. Se trata de una vida cómoda, pero alejada de los lujos desenfrenados de los altos jerarcas del chavismo en Madrid.

En 2016, Márquez, exsecretario general de entes corporativos, fue llamado por la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela en manos de la oposición, para declarar por los casos de corrupción en PDVSA. El Parlamento también había citado a declarar a quien fue su máximo jefe, Rafael Ramírez, y a otros altos mandos con acceso directo a los recursos de la nación: Nelson Merentes, Alejandro Andrade y Adrián Velázquez, entre otros. En ese listado de altos jerarcas chavistas, Márquez parecía casi un chivo expiatorio, un hombre desconocido.

Márquez había otorgado contratos directos de asesoría petrolera y energética al hijo del exembajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo: Alejo Morodo, quien cobró unos 4,5 millones de euros en asesorías pagadas a través de la empresa Aequitas Abogados, con sede en Madrid.

La Audiencia Nacional investiga a Raúl Morodo, de 84 años, como cabecilla de la trama que utilizó un complejo entramado de empresas internacionales para blanquear el dinero procedente de Petróleos de Venezuela.

Morodo fue aliado y operador de Hugo Chávez dentro y fuera de Venezuela / Foto: Captura
Raúl Morodo fue otro agente internacional de la corrupción chavista
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Morodo padre tenía una relación íntima con los asesores políticos de Hugo Chávez, con su entorno íntimo y también con el propio expresidente. Nacido en Galicia y formado en la Universidad de Salamanca, fue diputado en la transición española y fundador del Partido Socialista. A pesar de no ser diplomático de carrera, fue designado por Zapatero como embajador en Venezuela entre 2004 y 2007, tras haber sido representante permanente de Españaen la Unesco durante el gobierno de Felipe González.

Un peón aplicado

Márquez no parecía un alto ejecutivo chavista con autonomía. Actuaba, más bien, como un secretario, un hombre bien mandado. De hecho, se había desempeñado como secretario del consejo de administración y de la junta general de accionistas de Petróleos de Venezuela. Es decir, un hombre de máxima confianza de Rafael Ramírez.

Así lo hizo saber el investigado a la Audiencia Nacional, que lo citó a declarar el viernes pasado. Su próxima comparecencia, en la que debía ampliar su declaración anterior, estaba pautada para este lunes, un día después de su fallecimiento.

El misterioso viaje nunca realizado

Márquez había comprado un pasaje desde Madrid hasta Chicago con Iberia. Interpol alertó a la Policía Nacional de España de que, a pesar de tener prohibición de salida del país, el exdirectivo de Pdvsa se disponía a viajar a Estados Unidos.

Sus alumnos de la UCV lo recuerdan como un hombre obsesionado con las apariencias y con un humor con grandes altibajos: pasaba con facilidad de la risa a la ira

Tras la advertencia de Interpol, el diario El País informó que Márquez había abandonado España en pleno juicio y a pesar de tener prohibición de salida del país. Pero, dos días después, el diario publicó una rectificación: el exdirectivo petrolero no había salido de España. Sólo figuraba en el listado de pasajeros, pero nunca se presentó en el aeropuerto.

El exdirectivo conocía su prohibición de salida del país y Estados Unidos no es, ni mucho menos, un destino idóneo para cualquiera que se quiera fugar de la justicia española. ¿Por qué compró ese pasaje aéreo? ¿Fue obligado a comprarlo? ¿Había varios planes en marcha para alejarlo del alcance de la justicia?

El domingo pasado, la Policía Nacional confirmó que Márquez fue hallado ahorcado. A pesar de que varios diarios españoles publicaron que apareció en su domicilio, en San Sebastián de Los Reyes, fuentes cercanas a la investigación aseguran que el cadáver apareció en un galpón de ese municipio. Allí se había reunido Márquez con uno de sus socios apenas horas antes.

Márquez, un hombre que no alcanzaba los 50 años, no era un objetivo principal de la investigación. A pesar de que pudo haber incurrido en delitos por haber firmado supuestos contratos ficticios (de los cuales se pudo haber beneficiado económicamente), la investigación judicial apunta a una doble responsabilidad en la presunta trama: el exembajador de Zapatero, Raúl Morodo, como parte beneficiada, y la cúpula de Pdvsa de Rafael Ramírez que emitía los pagos irregulares.

A pesar de que la policía española ha apuntado hacia un posible suicidio, la Audiencia Nacional investiga los hechos para descartar que la escena del crimen haya podido ser alterada. Las circunstancias no están claras y todavía quedan interrogantes claves en el caso. ¿Por qué motivo un exdirectivo, fiel empleado de la Pdvsa chavista, habría decidido suicidarse justo después de declarar su intención de colaborar con la justicia española?




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