La Asamblea Nacional de Venezuela comenzará el martes un proceso para destituir a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el respaldo de un conjunto de representantes de la sociedad civil, convocados para acompañar la jornada con una marcha.
Aunque el máximo tribunal suprimió antes de 72 horas las medidas dictadas en dos sentencias con las que asumía las competencias del Parlamento y delimitaba la inmunidad parlamentaria, los opositores, que controlan la Cámara, han concluido que esta marcha atrás no corrige lo que fue, a su juicio, «un golpe de estado».
Los parlamentarios de oposición insistirán el martes con la convocatoria de una sesión del pleno de la Cámara para activar el proceso de remoción de los juristas de la sala que elaboraron las sentencias.
Además, han convocado a sus partidarios a marchar el martes 4 a las 10:00 a.m, desde el centro de Caracas hasta el Palacio Federal Legislativo, en el oeste, para acompañar a los parlamentarios en el inicio del procedimiento.
Los opositores no han explicado cuál es el objetivo o el alcance del acto del Parlamento contra los magistrados que integran la Sala Constitucional, dado que la Cámara venezolana está en «desacato» desde hace más de un año, y sus actos son «nulos» y por tanto inválidos.
Pero además se requeriría del voto de al menos 111 parlamentarios para aprobar la remoción, y la oposición cuenta con 109 legisladores, ya que tres diputados de representación indígena están suspendidos por el Supremo por supuestas irregularidades en su elección, y su incorporación a la Cámara es justamente lo que mantiene a esta en desacato.
La legislación venezolana establece que para la remoción de un magistrado se requiere del voto de las dos terceras partes del Parlamento, o de faltas graves calificadas por el Poder Ciudadano (Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo).
Sin embargo, el primer vicepresidente del Parlamento, el opositor Freddy Guevara, aseguró hoy que «esos magistrados que dieron un golpe de estado no pueden quedar impunes», y llamó a sus partidarios a demostrar que no van a «obedecer a esta tiranía».
Con anterioridad, el presidente del Parlamento, Julio Borges, había acusado a los magistrados en una entrevista televisiva de haber cometido delitos de «lesa humanidad» y aseguró que la justicia venezolana y la del mundo irá contra quienes atentaron contra los derechos de los ciudadanos de su país.
El expresidente del Legislativo, el también opositor Henry Ramos Allup, aseguró hoy en un mensaje en la red social Twitter, que acudirán a los respectivos tribunales disciplinarios para que «se revoque título y expulsen miembros» de la «sala inconstitucional».
El Parlamento ya intentó a principios de 2016 la destitución de varios de esos mismos magistrados por considerar que fueron nombrados por el chavismo de forma irregular, pero no logró materializar la salida de los juristas.
