El antichavismo reunido en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció este martes que la alianza será reestructurada para cerrar «un ciclo» e iniciar una nueva etapa con el objetivo común de luchar contra el Gobierno de Nicolás Maduro, al que calificaron como «tiranía hambreadora».
La coalición lanzó esta jornada una «junta reestructuradora» conformada por representantes de los partidos Primero Justicia (PJ), Causa R y Un Nuevo Tiempo (UNT) y presidida por el actual secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, que adelantó que a más tardar en una semana se harán anuncios sobre estos cambios.
«Nos toca cerrar ese ciclo y abrir una nueva etapa de la unidad, una unidad que es democrática, que depende del consenso de sectores que por supuesto que tienen diversas opiniones pero tenemos un objetivo común que es luchar contra esta tiranía hambreadora», dijo a periodistas el representante de Causa R, José Ignacio Guédez.
El dirigente, que habló como uno de los cuatro integrantes de la junta que reestructurará la alianza, dijo que esta renovación tiene que ver «con el cambio de circunstancias del país» dado que «la dictadura» de Maduro «impide incluso el derecho más básico que es el derecho a votar».
Indicó que mientras no se hagan los anuncios que surjan de esta reestructuración los portavoces de la MUD serán los dirigentes de 9 de los partidos que conforman la coalición que reúne a unas 15 organizaciones.
Sin embargo, adelantó que «en el reglamento que se está discutiendo hay cabida no solo para todos los partidos de la alianza» sino también «para los que pueden venir del chavismo», pues la MUD está segura de que pronto se sumarán organizaciones que por ahora siguen apoyando al oficialismo.
El anuncio de esta renovación antichavista surge el mismo día en el que el jefe de Estado reiteró el llamado a mantener el diálogo político con la idea, dijo, de que el Parlamento de mayoría opositora acate las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para restablecer «al pueblo venezolano» el Poder Legislativo.
El diálogo ha sido uno de los puntos por los que la MUD se ha enfrentado internamente pues bajo este escenario se pospusieron manifestaciones y acciones de protesta contra el Gobierno, algo con lo que no estuvieron de acuerdo algunos partidos como fue el caso de Voluntad Popular, liderado por el opositor preso Leopoldo López.
Esos encuentros entre el Gobierno y la oposición que se iniciaron el pasado 30 de octubre y que, según la oposición se suspendieron a inicios de diciembre, están, de acuerdo con lo dicho hoy por Maduro, «activos» con reuniones y «preparación de documentos».
La MUD ha dicho que el proceso de diálogo, que han acompañado la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano, no será retomado por la alianza mientras no se pueda verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en esos espacios después de que el chavismo supuestamente incumpliera con los acuerdos.
Maduro acusó hoy a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de mayoría opositora de incurrir en «delitos graves contra el estado de derecho» que supuestamente han llevado a la Cámara a «autoanularse», y dijo a los magistrados del Supremo que cuentan con su apoyo para «restablecer» el Poder Legislativo.
Además aseguró que como jefe de Estado nunca ha llamado a ningún juez para presionarlo a tomar alguna decisión y alabó al Supremo por ser «absolutamente independiente».
Cabe recordar que el Supremo ha declarado en desacato a la Cámara que se instaló en 2016 con inédito dominio antichavista y, desde entonces, ha considerado inconstitucionales la mayoría de los actos del Legislativo, incluidas varias leyes y la declaratoria del «abandono del cargo» de Maduro.
Mientras tanto, la oposición denuncia que el Gobierno viola constantemente la Constitución al intentar quitarle poder al Legislativo a través del Supremo y con medidas como el encarcelamiento de un diputado y la anulación del pasaporte a dos parlamentarios.
El diputado William Dávila informó hoy que no pudo salir del país debido a que su pasaporte está anulado, según las autoridades migratorias, y que su caso se suma al de Luis Florido, que a fines de enero también observó cómo le anulaban el mismo documento en el aeropuerto.
Ambos diputados pertenecen a la Comisión de Política Exterior de la AN y desde hace varios meses viajan a diferentes parlamentos del mundo para exponer ante sus colegas lo que consideran es «la dictadura» en Venezuela.
