La Asamblea Nacional se felicitó hoy por el apoyo de un grupo de cancilleres de América que firmaron en Lima una declaración de respaldo a esta Cámara, en la que proclaman también que no reconocerán la Asamblea Constituyente instaurada por el chavismo.
Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, agradeció a los cancilleres de 17 países por mostrar su preocupación ante las irregularidades políticas que ha cometido el gobierno nacional y apoyar a los ciudadanos y políticos opositores que buscan un cambio democrático en el país.
“Como venezolanos debemos estar orgullosos de que en este momento 17 países tomen medidas tan importantes para Venezuela. Desde la Unidad Democrática hemos hecho el mayor esfuerzo para mantener la presión internacional y la lucha que iniciamos hace 130 días tiene más apoyo internacional que nunca”, expresó Borges durante la sesión ordinaria de este miércoles.
El parlamentario aseguró que él y sus colegas de la Asamblea se mantienen en comunicación constante con presidentes y cancilleres de toda la región y el mundo, e indicó que siempre han recibido respuestas positivas e inmediatas de los gobiernos que promueven la democracia.
“Estas naciones están al pendiente de Venezuela para que se cumpla el respeto a la Constitución y a la ciudadanía. Esto tiene que darnos mucha más fuerzas para seguir levantando la presión de calle”, agregó.
AGRADECIMIENTO
Una resolución aprobada por unanimidad por los diputados presentes agradece «a los Estados signatarios la declaración de Lima por su alto compromiso con la defensa y consolidación de la democracia y los derechos humanos» en Venezuela, así como el «apoyo enfático» al Parlamento «como legítimo Poder Legislativo».
Más de diez cancilleres de toda América -entre ellos los de Brasil, Argentina y México- reafirmaron ayer tras reunirse en Lima que no reconocerán ninguna decisión que tome la Constituyente y no sea refrendada por el Parlamento, al que siguen considerando el único poder Legislativo legítimo de Venezuela.
Los cancilleres y representantes americanos llamaron, además, a no entregar o vender armas al Gobierno de Nicolás Maduro al que acusan de haber roto «el orden democrático en Venezuela«.
La Asamblea Nacional Constituyente empezó a operar el sábado pasado desde la misma sede del Legislativo en que la que aún sesiona el Parlamento, que no reconoce a este órgano plenipotenciario, puesto en marcha por el Gobierno sin un referendo previo y que según sus detractores está sirviendo para consolidar «la dictadura» en el país.
Los ministros de Exteriores presentes en Perú denunciaron también la destitución de la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, que había alertado de los supuestos tintes totalitarios de la Constituyente y fue separada de su cargo el pasado sábado en la primera decisión de esta junta íntegramente oficialista.
La otra gran decisión tomada hasta ahora por la Constituyente ha sido la creación de una «Comisión de la Verdad» para castigar a quienes el Gobierno señala como responsables de los hechos de «violencia política» que ha vivido el país en los últimos meses.
Esta medida pone en el punto de mira a los diputados opositores que han convocado marchas antigubernamentales en las que se han desatado disturbios y choques con las fuerzas de seguridad.
Miembros destacados de la Constituyente han advertido que esta Asamblea se plantea eliminar la inmunidad parlamentaria de los diputados, y el mismo presidente del país, Nicolás Maduro, ha adelantado que la recién creada comisión llevará a la cárcel a algunos diputados opositores.
Según el oficialismo que la ha impulsado, la Constituyente -que fue elegida el 30 de julio entre protestas ciudadanas y con el boicot de la oposición- actúa en nombre del poder originario que representa el pueblo y espera por tanto obediencia de todos los poderes constituidos, incluido el Parlamento.
En Venezuela se registra desde el 1 de abril una serie de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, que dejan 121 muertos, situación que se agudizó desde la instalación de la Asamblea Constituyente, que no es reconocida por la oposición y varios Gobiernos y organismos internacionales.
