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Existe una batalla que tiene años librándose. Se desarrolla sobre 2,42 kilómetros cuadrados de asfalto. Es un campo en el que convergen 21 calles y cuatro grandes avenidas sobre las que se disputa el derecho a trabajar de unos cuantos, el libre tránsito de otros y la protección de la historia representada en edificaciones y recuerdos. Todos luchan por su espacio dentro del centro de Valencia, donde no hay bandera blanca que ondee, al menos no por ahora.

A través de la vitrina de su tienda de ropa, Marisela Oquendo ha visto en primera fila cada contienda. Su negocio está ubicado en pleno bulevar Constitución. Justo donde todos los comerciantes informales quieren estar. Por ahí pasan a diario alrededor de mil personas cuando no es temporada alta de ventas. Es el mejor sitio para ofertar cualquier producto para el que tiene sed, o para quien necesita algún cosmético, un par de medias o se acuerda que en su casa hace falta un repuesto para la licuadora. Pero al mismo tiempo es un área destinada como corredor peatonal.

Ella recuerda el intenso trabajo realizado entre 1995 y 2006, período en el que por conciliación la batalla cesó: Se logró la reubicación de los buhoneros a mercados municipales, que aún se mantienen, y la recuperación de los espacios históricos del casco central de la capital carabobeña. Fue durante la gestión del alcalde Francisco Cabrera Santos. Pero dos años antes de culminar su tercer mandato, el populismo hizo lo suyo y enterró 11 años de labor con la llegada a la gobernación de Luis Felipe Acosta Carles, lo que significó el retorno de puestos improvisados con toldos, sombrillas y mesas en todas las calles del centro.

Fue una anarquía incontrolable. Las luchas se reactivaron. Oquendo tuvo al cierre de 2006 una caída en las ventas de 40%, de acuerdo a los cálculos de la Cámara de Comercio de aquel momento, que determinó que la afectación se replicó en cada uno de los más de dos mil establecimientos instalados en el centro. Con la llegada de Edgardo Parra a la alcaldía, en 2008, la desidia persistió. No hubo proyecto presentado que se ejecutara pese a los presupuestos aprobados de reubicación.

Se contabilizan durante los últimos 10 años ocho planes que englobaban la reubicación en distintos terrenos a los comerciantes informales y la rehabilitación del casco histórico. Ninguno se cristalizó. No solo lo recuerda Oquendo desde su vitrina, también lo hace Jaquelín Carvajal, quien tiene 30 años vendiendo cosméticos en su puesto itinerante, y los representantes gremiales del sector. Todos lamentan que la batalla continúe.

centro de valencia

 

LA PROMESA DE COCCHIOLA

Durante los dos primeros años de su gestión, Miguel Cocchiola no pudo acabar con la herencia de la proliferación de buhoneros que se apropiaron de cada espacio del casco central de Valencia. Pero el 3 de enero de 2016 lanzó una flecha certera que le permitió ganar terreno en medio de la lucha. Fue el decreto N° DA/003/2016 que entró en vigencia el 11 de enero y que declara Zona de Protección y Defensa el Centro Histórico de la Ciudad, con una determinante prohibición de toda actividad de comercio informal en las calles del centro.

Las concesiones no han tenido lugar. Ni de las que hacía Francisco Cabrera, al permitir a los buhoneros censados -que para el momento eran 450- instalarse en algunas áreas durante todo el año. La orden es clara en la gestión de Cocchiola. Se ha mantenido aún en el inicio de la temporada navideña, y la promesa es que siga así: “Mientras yo sea alcalde de Valencia los buhoneros estarán fuera de las calles, no creemos en populismos”.

El empresario y alcalde fue enfático. Para él, estos comerciantes no desean ser formalizados. “Si lo desearan realmente habrían respondido favorablemente a nuestra propuesta realizada en mesas de trabajo, es decir: el mercado municipal de la avenida Branger, dotado de puestos suficientes, condiciones apropiadas y buena ubicación”.

Pero los buhoneros difieren. Para ellos esa zona no es la ideal para el desarrollo de la actividad. Quieren permanecer dentro del casco histórico.

La presentación de proyectos no ha parado. Desde la alcaldía se envió uno al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) que fue aprobado. Pero los recursos que enviaron fueron insuficientes. “Eso lo notificamos a Caracas para que sea reconsiderado, y mientras tanto dichos recursos no pueden utilizarse para otros fines”.

El alcalde insiste en la legalidad. Niega que la prohibición de la instalación de los buhoneros se trata solo de una medida estética. “La alcaldía está obligada a establecer el uso del espacio público con el fin de garantizar a la ciudadanía el libre acceso al mismo”. Y eso se ha cumplido. Solo 1,8% de quienes se dedican al comercio informal en la ciudad lo sigue haciendo en las calles del centro, con el riesgo de decomiso de su mercancía en esa contienda diaria como parte de la batalla que no termina.

 

USADOS POR AMELIACH

No hay instancia a la que no hayan acudido. Joselyn Marín, quien de tener un estante lleno de discos de música, ahora, solo vende café, ha sido líder de los más de 800 buhoneros. Una comisión se mantuvo en protesta en las puertas de la alcaldía desde el 31 de octubre, donde algunos se cosen la boca y hacen huelga de hambre.

También han ido a la gobernación. “Pero ahí jugaron con nosotros. Nos usaron”, exclamó Jaquelín Carvajal al relatar que bajo la promesa de resolver el problema, el mandatario Francisco Ameliach les pidió que participaran en la marcha del 27 octubre, al sur de Valencia, en la que participó el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello. Los comerciantes cumplieron, pero desde la sede de Capitolio no ha sido así. No los han recibido más.

 

VACUNA DE MIL BOLÍVARES

Un nuevo negocio nació junto al decreto municipal del 3 de enero: El cobro de vacunas. No es de los buhoneros, sino de supuestos policías. Luisana Acosta no ha dejado de colocar su pequeño estante lleno de maquillaje en el bulevar Constitución. Se arriesga. “Lo hago para mantener a mis dos hijos”. Ya está entrenada. Escucha el sonido de un par de motos y comienza a recoger toda la mercancía y corre.

Son, asegura, funcionarios de la policía municipal, quienes realizan a diario su labor de desalojo en cumplimiento de la normativa. Pero la tensión dura solo algunos minutos. “Después nos piden entre mil y mil 500 bolívares y nos dejan quedarnos”. Pasa una vez al día. No sucede en un horario fijo. “Llegan de sorpresa”.

Es una denuncia recurrente. Cocchiola aseguró que han sido implacables contra quienes incurren en esta práctica. “No aceptamos corrupción. La directiva de la policía fue destituida y estamos pendientes de quien pretende manchar el uniforme”.




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