Como Gabriela se identificó una madre soltera carabobeña, de 21 años, que en busca de un mejor futuro para ella y sus tres hijos resultó abusada sexualmente en una de tantas trochas fronterizas entre Colombia y Venezuela, cuando alegó a sus victimarios no tener dinero para pagar “peaje”.
Relató a la web de CNN en Español que, como muchas compatriotas diezmadas por la crisis ocasionada por el gobierno madurista, la mujer venía confrontando una grave situación económica familiar. Perdió su trabajo en una frutería y ya no pudo alimentar a sus tres pequeños, todos menores de cinco años.
Después de un breve período viviendo con su madre, con quien tenía una relación problemática, puso su mirada en Colombia, donde conocidos le aconsejaron que podría encontrar trabajo. De hecho, un amigo se ofreció a recibirla.
A principios de abril viajó desde su natal Puerto Cabello hacia la frontera. Muchos migrantes venezolanos han estado viviendo en la ciudad de Cúcuta, la más cercana del lado colombiano de la frontera, a menudo en las precarias condiciones de los barrios marginales y refugios temporales.
En la frontera luego de transitar 730 kilómetros
Gabriela y sus hijos llegaron al puente fronterizo después de horas de hacer paradas y caminar más de 730 km. Pero el gobierno colombiano ya había cerrado todos los puntos de control para evitar la propagación del nuevo coronavirus a mediados de marzo.
Recurrió a una de las casi 80 trochas fangosas –rutas informales a través del río Táchira, controladas por bandas criminales, guerrillas y grupos paramilitares– como la única opción que le quedaba para cruzar a Cúcuta.
El primer día rogó a la gente que se dirigía a la trocha que la ayudaran a cruzar, sin suerte. Esa noche, durmió en la calle con sus hijos, con el estómago rugiendo de hambre. Al final del segundo día, cuando el cielo se oscureció, un joven finalmente se ofreció a ayudarla, dijo.
Mientras se acercaban poco a poco al agua, un grupo de hombres emergió de los arbustos con la cabeza cubierta por sudaderas con capucha.
“Tenían pistolas, cuchillos, todo tipo de cosas”, recuerda Gabriela. Los hombres agarraron a sus hijos y amenazaron con llevárselos si ella no les pagaba para cruzar.
Amenazados y en grave peligro
“Pensé que nos iban a matar a mí y a los niños”, dijo. Entre lágrimas, les dijo que no tenía dinero y les rogó que los dejaran cruzar el río. Los hombres la arrastraron detrás de un arbusto y la violaron. “Fue horrible”, dijo. “Gracias a Dios no lastimaron a los niños”, se consoló.
Los cierres fronterizos entre ambas naciones, para detener la propagación del COVID-19, pusieron a las mujeres en mayor riesgo, según grupos de derechos humanos, funcionarios gubernamentales e investigadores que consideran crímenes como el abuso sexual, los secuestros, el tráfico y el asesinato como situaciones endémicas a lo largo de las rutas informales.
De hecho, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reporta un aumento del 7% en el número de mujeres alojadas en sus tres albergues en Cúcuta dedicados a mujeres víctimas de violencia sexual, trata y madres solteras, en comparación con el mismo período de 2019 (desde abril a agosto). De las 257 mujeres que apoyó el Acnur, la agencia dice que casi la mitad había experimentado violencia de género.
Pero el aumento de la violencia sexual y de género en la frontera entre Colombia y Venezuela es anterior a la pandemia. En 2019, Profamilia, una de las principales organizaciones de derechos sexuales y reproductivos en Colombia, dijo que apoyaba a 573 mujeres venezolanas víctimas de violencia sexual en sus clínicas, un aumento del 92% en comparación con 2018. Las regiones fronterizas de La Guajira y Norte de Santander, donde se encuentra Cúcuta, acumularon el mayor número de ataques reportados.
Un camino traicionero
Más de 5 mil personas cruzan diariamente en ambas direcciones a través de trochas, según FundaRedes, una ONG venezolana que monitorea los abusos de derechos humanos en las regiones fronterizas.
Desde que cerró la frontera en marzo, los homicidios en las regiones fronterizas venezolanas han aumentado en 28,7% en comparación con el mismo período de 2019 (abril a junio), informa la ONG. Las desapariciones se han disparado 83,3%, con los incrementos más pronunciados en Táchira, la región fronteriza más cercana a Cúcuta.
También se suma el hecho de que muchas mujeres venezolanas han sido atraídas a Colombia con ofertas de trabajo fraudulentas y luego forzadas a la trata sexual, según un informe reciente de la UNODC (la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). El número de extranjeros traficados a Colombia en lo que va del año ya era un 20% más alto en mayo que en todo 2019, según el informe. Más del 90% de las víctimas resultaron mujeres venezolanas.
Cuando Gabriela finalmente llegó al lado colombiano del río, ya estaba oscuro. Sus tres hijos no dejaban de llorar. Tenía demasiado miedo de ir a la policía y denunciar lo que le había sucedido. Los hombres amenazaron con matarla si se lo contaba a alguien, dijo, y no pudo describir con precisión las caras de los hombres. Incluso si pudiera describir a los hombres, explica, le preocupaba que las autoridades pudieran deportarla por indocumentada.
“Estoy sola aquí”, dijo. “No tengo a nadie que me defienda”.
La falta de estatus legal disuade a muchas mujeres venezolanas y extranjeras de buscar justicia en Colombia. Cuando las mujeres denuncian la violencia sexual y los delitos cometidos en la frontera, estos delitos rara vez se investigan y enjuician, según las organizaciones locales de mujeres.
En algunos casos, cuando los abusos ocurren junto al río, la policía dice que no puede investigar un crimen fuera del territorio colombiano. Muchas mujeres no confían en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, porque los miembros de la policía y las fuerzas armadas a menudo resultan los mismos perpetradores, dijeron a CNN varias organizaciones y mujeres migrantes.
Con información de CNN en Español.
