(Foto Angel Chacón)
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Para el  director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, con la inadmisibilidad del recurso de la fiscal general de la República en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, el Tribunal Supremo de Justicia impidió que el pueblo se exprese.

Romero considera que no se puede decir que los ciudadanos estaban esperando que el TSJ admitiera el recurso de la fiscal, ya que lamentablemente la posición de este poder es cerrarle las puertas al pueblo.

El abogado citó que la ONG que representa, abrió la plataforma para que los ciudadanos se adhirieran al recurso de la fiscal, pero ahora no podrá llevarse a cabo este proceso.

“Esto no es sino una nota más dentro de la música represiva del Gobierno, y dentro de la orquesta de violación de derechos humanos que está dirigiendo”.

Alfredo Romero apuntó que al pueblo no le queda otra opción que seguir manifestando pacíficamente en la calle, para reclamar el respeto a la Constitución, a la democracia y a los derechos humanos.

CARABOBO PRIMER LUGAR DE PROCESADOS

POR TRIBUNALES MILITARES

De acuerdo a lo indicado por el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, desde el primero de abril a la fecha, esa instancia contabiliza mil 163 detenciones en protestas.

Carabobo ocupa el segundo lugar en detenciones (más de 300), pero el primero en personas procesadas por tribunales militares. De hecho, esta práctica inconstitucional, comenzó a aplicarse en esta entidad y van 170 ciudadanos procesados y privados de libertad en todo el país. La mayoría también es de Carabobo.

Estima Romero que el beneficio que ha obtenido el Gobierno, al torturar y reprimir a los ciudadanos, es que las protestas han disminuido.

Subrayó el penalista, que el caso concreto de lo que está ocurriendo en Carabobo, fue denunciado por el FPV ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas. El alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, ya tiene en sus manos la denuncia sobre el juzgamiento inconstitucional de ciudadanos por tribunales militares.

Romero detalló que la denuncia incluye caso concreto de cada persona procesada e incluso de aquellas que fueron sometidas a tratos crueles e inhumanos.

72 PERSONAS FALLECIDAS EN LAS PROTESTAS

Romero también informó que el FPV contabiliza hasta ahora 72 personas fallecidas durante las protestas, de ellas 52 fueron asesinadas por agentes del Estado.

El penalista citó además que hay 15 funcionarios de la GNB imputados y con órdenes de captura por la Fiscalía General de la República, por el asesinado de Tony Canelón en Barquisimeto, pero el Ministerio de la Defensa los mantiene bajo resguardo en Caracas.

En el caso del músico Armando Cañizales, asesinado en la urbanización Las Mercedes de Caracas, existe un oficio de la FGR donde se le solicita a la GNB que informe sobre los funcionarios que estaban en la zona para el momento del hecho, pero todavía no lo ha respondido.

El defensor de la derechos humanos citó el caso de la funcionaria de la Guardia del Pueblo que agredió a Marvinia Jiménez, en La Isabelica, que tampoco ha sido entregada a la justicia por el Ministerio de la Defensa. Esto a su juicio es muestra que el Estado protege la violación de derechos humanos.

Alfredo Romero estuvo este lunes en Valencia, en ocasión de recibir la Orden Arturo Michelena que le otorgó el alcalde Miguel Cocchiola.

 




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