En Venezuela no hay justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Así lo evidencia la actuación de los tribunales en los casos de Leonardo González, asesinado en Carabobo durante una protesta antigubernamental en 2017, y el concejal Fernando Albán, quien murió en 2018 bajo custodia del cuerpo de inteligencia del gobierno, en Caracas.
El jueves 8 de octubre el Tribunal Séptimo de Juicio del estado Carabobo, a cargo del juez Ángel Aponte, declaró la interrupción del juicio en contra de los seis funcionarios policiales acusados por el asesinato de González, luego de alrededor de 24 audiencias, que en su mayoría fueron diferidas por falta de traslado de los imputados o ausencia de la representación del Ministerio Público (MP).
El mismo día el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó a través de su sitio web una escueta nota de prensa en la que anunciaba la decisión del Tribunal Vigésimo Noveno de Juicio de Caracas anuló el acto conclusivo de acusación en contra de los dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) responsabilizados por el delito de quebrantamiento de obligaciones de custodia en el caso de Albán.
A juicio de Luis Armando Betancourt, abogado defensor de las víctimas en el caso de González, estas acciones por parte del Poder Judicial no son accidentales. “No debemos descartar cualquier estrategia que tenga el régimen no democrático de Nicolás Maduro y la utilización de los tribunales como figura represiva (…) debemos considerar la actuación del tribunal como desproporcionada”, aseveró.
Caso González
Betancourt, quien además es coordinador de la ONG Foro Penal en Carabobo, detalló que ejercerán todos los recursos disponibles para apelar la decisión del tribunal de interrumpir el juicio “cuando ya estaba prácticamente finalizando”, ya que considera que se trata de una vulneración al debido proceso, al derecho a la defensa y los derechos que tienen las víctimas del caso.
“Nosotros nos opondremos porque sabemos que la estrategia de la defensa (de los acusados) lo que busca es el desgaste de la víctima”, dijo el abogado de González y su familia al explicar que, “al menos por ahora”, los funcionarios policiales seguirán privados de libertad: los cinco hombres en la cárcel y la mujer bajo la figura de arresto domiciliario.
El defensor denunció, además, que el representante de la Fiscalía no acudió a la audiencia y que hasta el momento no han podido tener comunicación con el fiscal de derechos humanos. “Que el ministerio público no haya acudido a esa audiencia es un acto de completa irresponsabilidad, tratándose de un caso que conoce la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA)”.
“Los crímenes con los derechos humanos no prescriben y nosotros vamos a seguir exigiendo, denunciando y pidiendo al MP que siga acusando a las personas vinculadas en todos los casos que se tienen en el estado Carabobo, como el de Geraldin Moreno y el de Daniel Queliz”, agregó Betancourt. “Son casos que se deberían sentenciar y nosotros vamos a insistir que esas sentencias sean contra los funcionarios acusados”.
Caso Albán
El 8 de octubre, cuando el tribunal anunció la nulidad de la acusación en contra de los dos funcionarios del Sebin, se cumplieron dos años de la muerte de Albán. “Pareciera que el también ilegítimo TSJ quiere restregar a la ciudadanía y al mundo entero la impunidad campante que reina en Venezuela, una mofa en contra de quienes esperan justicia”, señaló Ramón Alfredo Aguilar, abogado de la familia del concejal fallecido.
Mediante un comunicado, Aguilar recordó que los funcionarios acusados “no están siendo investigados ni procesados por los delitos realmente consumados”: desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial. Destacó también que ambos fueron enjuiciados por un delito menor en un proceso en el que no se ha permitido la participación de los familiares y en el que los imputados no han estado nunca detenidos.
Por su parte el abogado Joel García, quien inicialmente integró el equipo defensor de Albán, calificó la sentencia como una situación “bastante extraña”, ya que “al Tribunal de Juicio llega el caso cuando ya están admitidos la acusación y los medios de prueba” y esta instancia solo se limita a evacuarlos.
“Esto deja en evidencia que no hay justicia. En el caso de Albán estamos muy lejos de hablar de un suicidio y el mismo expediente que pude ver en esa oportunidad así lo demuestra”, aseguró García.
