Algunos magistrados, como la exfiscal Luisa Ortega, han levantado su voz contra regímenes autoritarios en el mundo.
Polonia: la Corte Suprema en la línea de mira
La presidenta de la Corte Suprema de Polonia, Malgorzata Gersdorf, se opuso a una serie de reformas judiciales emprendidas por la mayoría conservadora de ese país.
Estas reformas provocaron manifestaciones masivas en Polonia y advertencias de la Unión Europea que amenazó con sanciones por presuntas violaciones del estado de derecho.
A finales de 2015, Gersdorf estimó que una ley sobre el Tribunal Constitucional se entrometía en la independencia de la corte, con el objetivo de dificultar o incluso impedir su funcionamiento.
En enero 2017, Gersdorf llamó a los jueces del país a defender el estado de derecho en peligro. En marzo, parlamentarios del partido mayoritario Derecho y Justicia (Pis) pidieron al Tribunal Constitucional verificar la regularidad de su designación en 2014.
En julio, hubo una nueva ofensiva del Pis con un proyecto de ley para someter a la Corte Suprema al ejecutivo, apartando a los jueces, a excepción de los que el gobierno quería conservar.
Para Gersdorf, esta reforma transformaría la Corte en «tribunal del ministro de la Justicia».
El proyecto fue frenado el pasado 24 de julio por un veto del presidente Andrzej Duda. El PiS espera seguir con sus reformas, pero el presidente no ha revelado sus proyectos.
Turquía: más de 4.000 magistrados despedidos
Desde el golpe de Estado frustrado del 15 de julio de 2016, el gobierno turco ha lanzado gigantescas purgas, con el despido o suspensión de 140.000 personas, incluyendo 4.000 jueces, fiscales u otros miembros del ministerio de Justicia.
Aydin Sefa Akay, uno de los magistrados del Mecanismo para los tribunales internacionales de Naciones Unidas (MTPI), fue condenado en mayo a siete años y medio de prisión por pertenecer al movimiento del predicador Fethullah Gülen, acusado de haber planificado el golpe.
El juez, que niega los cargos, fue declarado culpable por tener en su móvil la aplicación de mensajería codificada Bylock, usada según las autoridades por los golpistas. Está libre mientras espera su juicio en apelación, pero tiene prohibido salir del territorio.
En 2014, el gobierno había ya mutado a miles de magistrados después de que se revelara un escándalo de corrupción que salpicó al régimen del primer ministro Recep Tayyip Erdogan. Este último acusó al predicador Gülen de haber conspirado para provocar su caída.
Egipto: jueces contra un fraude electoral
En 2005-2006, un grupo de jueces egipcios desafió al presidente Hosni Mubarak, rechazando un proyecto de ley que, en su opinión, violaba la independencia de la justicia. Entre ellos figuraba Hicham al-Bastawissi, Ahmed Mekki y Mahmoud Mekki.
En abril de 2006, Mahmoud Mekki y Hicham al-Bastawissi comparecieron ante un consejo de disciplina por haber solicitado una investigación sobre un presunto fraude electoral. Las manifestaciones de apoyo fueron reprimidas.
Después de la caída de Mubarak, al-Bastawissi se presentó a la elección presidencial de 2012, que ganó el islamista Mohamed Mursi. Mahmoud Mekki se convirtió en vicepresidente y su hermano Ahmed Mekki en ministro de Justicia.
Los tres jueces dejaron la vida política tras el golpe del ejército contra Mursi en 2013. Varias decenas de magistrados acusados de pertenecer a la cofradía de los Hermandas Musulmanes o de ser simpatizantes fueron obligados a retirarse.
Túnez: un juez suspendido por denunciar presiones
En 2001, el magistrado tunecino Mokhtar Yahyaoui fue suspendido de sus funciones por haber criticado la ausencia total de independencia de la magistratura en una carta abierta al dictador Zine El Abidine Ben Ali.
En esta, denunció el acoso y las intimidaciones en contra de los jueces, en un acto de insumisión inusual en la dictadura de la época.
En 2002, Mokhtar Yahyaoui fue agredido por policías vestidos de civil después de haber lanzado una campaña para levantar una medida de aislamiento contra 23 detenidos por delitos de opinión. Falleció en 2015.
Grecia: el juez de la película «Z»
El juez griego Christos Sartzetakis condujo una investigación sobre la muerte de Grigoris Lambrakis, líder carismático de la izquierda en el parlamento, asesinado en 1963 por un comando de extrema derecha.
La investigación sobre su muerte, que se quiso hacer pasar como un accidente, lo llevó hasta las puertas del palacio, revelando el rol del gobierno así como la implicación del ejército y la policía.
Esta historia fue relatada en el libro «Z» publicado en 1967, y adaptado a la pantalla grande en 1973 por Costa-Gavras.
Tras la dictadura, Christos Sartzetakis fue presidente de Grecia entre 1985 y 1990. Tiene actualmente 88 años.
