La elección del Parlamento venezolano, que cumple este lunes un año exacto, supuso el regreso al poder Legislativo del chavismo, con una oposición que optó por el boicot a las urnas y que ha llevado al oficialismo a dominar, una vez más, todos los poderes del país.
Tras esos comicios, el oficialismo obtuvo el 92% de los asientos de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), una aplastante victoria matizada por la presentación de un pequeño grupo de opositores tachados por la mayoría del bloque antichavista de «alacranes», es decir, vendidos al chavismo.
La otra ofensiva del oficialismo la desplegó el presidente Nicolás Maduro a su izquierda, contra partidos tradicionalmente aliados como Patria Para Todos (PPT), Tendencias Unificadas Para Alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Estos grupos, junto a otros, acudieron a las urnas bajo las siglas Alianza Popular Revolucionaria (APR) y, pese a obtener un solo diputado, se han convertido a lo largo de este año en la principal voz de protesta contra el rodillo chavista, que parece engrasado por los «alacranes», mera comparsa del oficialismo.
Un respaldo desde Colombia
Desde la misma elección de la AN, los anteriores diputados opositores –mayoría entre 2016 y el 5 de enero de 2021- comenzaron una campaña de deslegitimización del nuevo Parlamento en favor de una continuación del mandato del anterior, una apuesta que recibió su primer rechazo de la Unión Europea (UE), que catalogó a la antigua cámara como «saliente».
En estos doce meses transcurridos desde las elecciones parlamentarias, la nueva AN ha recibido varios respaldos, uno de ellos particularmente sorprendente: el Senado de Colombia.
El pasado 20 de octubre, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, anunció que había recibido una misiva del presidente del Senado de Colombia, Juan Diego Gómez, informándole que habían aprobado por unanimidad una propuesta para crear una comisión bilateral para trabajar en la normalización de relaciones diplomáticas entre ambos países.
En el corazón legislativo de Colombia, cuyo Gobierno supone uno de los principales apoyos para el exdiputado Juan Guaidó, nació, de este modo, un fuerte respaldo para la legitimidad de la AN.
Rodríguez, notablemente feliz, respondió con el envío de otra carta, en la que indicó que el Parlamento venezolano se encuentra en «plena disposición» de comenzar el proceso propuesto.
El Parlamento venezolano llegó a conformar una comisión con este fin, pero quedó finalmente congelada sin una fecha en el horizonte para las primeras reuniones.
Una negociación y un nuevo CNE
Acaso el hito más importante en este año transcurrido desde las elecciones ha sido el inicio de un proceso de diálogo con la oposición que encabeza el propio Rodríguez, por encargo directo de Maduro, una negociación también paralizada por la extradición del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del mandatario.
Fruto de ese diálogo, que se escenifica en México, la AN venezolana nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) en mayo pasado conforme a sus funciones constitucionales.
No obstante, ese nuevo ente rector de los comicios no está compuesto mayoritariamente por chavistas, tal y como dictaría la lógica de una cámara compuesta casi exclusivamente por oficialistas.
El actual CNE cuenta con tres rectores de perfil chavista y dos opositores, la mayor muestra hasta el momento del éxito de los contactos entre los dos bloques y punto de apoyo para que los detractores de Maduro acudieran el pasado 21 de noviembre a las elecciones locales y regionales.
Un rodillo legislativo
Más allá de esas concesiones del diálogo, el control de la AN por parte de los herederos de Chávez ha facilitado la existencia de un rodillo legislativo que permite que todos los proyectos de ley pasen sin problema el trámite parlamentario.
El mayor ejemplo de este rodillo fue la aprobación de un paquete de reformas enmarcadas en la «revolución judicial» que impulsó el presidente Nicolás Maduro para hacer cambios en el sistema y que lideró el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en la cámara.
Entre dichas reformas se encontraba la del Código Orgánico Procesal Penal que establece, entre otras cosas, una disminución a la discrecionalidad del Ministerio Público, la prohibición de que civiles puedan ser juzgados en tribunales militares y una reducción en los lapsos de audiencia, tal como explicaron entonces los parlamentarios chavistas.
También otra del Código Orgánico de la Justicia Militar (COJM) que promete que ningún civil será juzgado ante tribunales militares.
Son dos ejemplos, entre muchos otros, de la consolidación del chavismo en un poder fundamental del Estado como el Legislativo, abandonado por la oposición en su intento denodado por tratar de asaltar la legitimidad que ha terminado poniendo un clavo más a su ataúd. EFE
