El Gobierno de Argentina aceptó ser parte del llamado Grupo Internacional de Contacto, la instancia que lidera la Unión Europea para intentar una salida negociada entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, lo que llaman la «salida pacífica» a la crisis, que se agravó tras la muerte de Hugo Chávez en 2013.
Fuente de la Cancillería afirmaron que la invitación había partido de los miembros del GIC y que Argentina aceptó como parte de su «tercera posición» . Dijeron en el ministerio que «buscan soluciones pacíficas y democráticas a la crisis que viven los venezolanos».
Con este movimiento en política exterior, el Gobierno de Argentina se mantiene alejado de las posiciones regionales duras hacia el régimen de Maduro, en especial del gobierno de Donald Trump y del secretario general de la OEA, Luis Almagro. También se aleja del Grupo de Lima sin renunciar al mismo -Alberto Fernández no se retiró pero nunca avaló sus comunicados; y al mismo tiempo quiere no ser asimilado a quienes son aliados directos del chavismo como Cuba o Nicaragua.
La cuestión venezolana es motivo de internas dentro del propio Gobierno de Fernández, porque hay posiciones críticas y posiciones favorables al chavismo, empezando por la vicepresidente Cristina Kirchner. El presidente Fernández en tanto, tenía una posición crítica antes de ser candidato a presidente y otra distinta al asumir en diciembre pasado.
«El Gobierno argentino transmite su agradecimiento a los miembros del GIC por la invitación, y está decidido a contribuir con todos sus esfuerzos a la labor conjunta, convencido del rol positivo que puede desempeñar dicho grupo en brindar respuestas políticas y humanitarias a la crítica situación que vive ese país sudamericano», señalaron desde el equipo del canciller Felipe Solá a Clarín.
El grupo quedará integrado ahora por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Uruguay, y e incorporará a su tarea la búsqueda de un respaldo a una salida pacífica y democrática de la crisis en Venezuela y facilitar el acceso y aumento de la ayuda humanitaria a este país, particularmente en el contexto actual de expansión de la pandemia de Covid-19.
El GIC se formó el 7 de febrero de 2019, en Montevideo, para abordar la crisis presidencial venezolana de 2019. Intenta acercar a las partes, pero por lo general siempre queda frustrado debido al avasallamiento de Maduro a las instituciones que no le son a fines.
En la actualidad, el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano mantiene un llamado a votación para el 6 de diciembre a para elegir a los miembros de la unicameral Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026.
Pero los principales grupos opositores venezolanos ya anunciaron un boicot dado que desconocen el CNE nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a fin al chavismo. Designar a esas autoridades corresponde por ley al Legislativo, actualmente encabezado por el líder opositor Juan Guaidó. El TSJ también suspendió las directivas de dos partidos opositores para reemplazarlas por cúpulas señaladas de ser afines a Maduro.
