La ONG Human Rights Watch (HRW) cuestionó este miércoles la respuesta lenta y deficiente del gobierno de Iván Duque frente al número creciente de asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia.
Desde la firma del acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC en 2016, cada año matan un mayor número de líderes sociales, pero «el gobierno ha reaccionado lenta y deficientemente en la implementación de políticas para prevenir estos homicidios», señaló la organización en un comunicado.
A pesar de que Colombia registra el mayor número de estos asesinatos en el continente, «la respuesta del gobierno ha estado más enfocada en elaborar discursos y anuncios que en adoptar medidas que tengan impacto en los territorios», remarcó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en una presentación virtual a la prensa.
El informe «Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia» recoge cifras de Naciones Unidas.
Mientras en 2016 mataron a 61 líderes sociales, en 2017 fueron 84, en 2018 aumentaron a 115, en 2019 a 108 y en 2020 hay registros de 133 asesinatos, algunos de ellos aún en etapa de verificación.
La violencia no cede
Y la violencia no parece ceder en 2021, en medio de la pandemia del COVID-19. El tribunal de paz, surgido del histórico acuerdo, denunció que los primeros días de este año fueron los más violentos desde 2016.
Desde Washington, Vivanco aseguró que estos crímenes ocurren en «los sectores de mayor pobreza del país, en los territorios donde hay menos Estado».
La prioridad del gobierno ha sido «usualmente (…) enfrentar a los grupos con el ejército pero no necesariamente proteger a la población», mejorar el sistema de justicia, ni asegurar el acceso a educación, salud y servicios públicos, añadió.
Detrás de las muertes están los rebeldes guevaristas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las FARC, así como grupos narcotraficantes y de origen paramilitar, señala la ONG, en línea con lo dicho por las autoridades colombianas.
Según HRW, las víctimas fueron asesinas en su mayoría como represalia por oponerse al tráfico de drogas en sus territorios, por supuestamente colaborar con el ejército o por apoyar la sustitución de cultivos de coca por plantaciones legales.
Colombia sufre la peor arremetida de grupos armados desde el desarme de la que fuera la guerrilla más poderosa de América. Expertos señalan al Estado de no haber tomado el control de los territorios dejados por los rebeldes, lo que facilitó el fortalecimiento de nuevas organizaciones que se disputan el negocio de la coca.
© Agence France-Presse
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