Una serie de reclamos y acciones legales contra la ordenanza aprobada por el Concejo Municipal de Valencia que estableció una unidad tributaria municipal que coloca en riesgo el patrimonio de los contribuyentes prepara el abogado especialista en Derecho Público y dirigente carabobeño, Henry Henríquez Machado, junto a un grupo de vecinos organizados.
Henríquez Machado explicó que el pasado 9 de noviembre de 2018, el Concejo Municipal de Valencia aprobó la Ordenanza de creación y aplicación de esta Unidad Tributaria Municipal, fijada inicialmente en 12 bolívares soberanos. «Está siendo utilizada como factor de cálculo de las tasas que cobra el municipio en la prestación de servicios públicos y que además será factor de cálculo de la base imponible de los tributos municipales».
Según el abogado, esta figura está fuera de ley porque no es competencia de los municipios establecer una unidad tributaria, pues generaría un desorden administrativo a escala nacional ya que el país tendría 335 municipios con distintas unidades tributarias.
El especialista denunció que la misma ordenanza otorga potestad al alcalde de Valencia de poder ajustarla cada 3 meses. «Esto es un exabrupto y un abuso de derecho que será continuo en el tiempo, por cuanto se le da de manera absolutamente ilegal a una autoridad la posibilidad de generar aumentos de manera discrecional”.
La creación y actualización de la unidad tributaria está reservada al poder nacional, fundamentó Henríquez. A su entender, la decisión del órgano local está viciada de inconstitucionalidad toda vez que usurpa funciones que no le corresponden y con base a ello, ejercerán el reclamo pertinente no solo ante el concejo municipal, sino ante el Instituto Municipal del Ambiente y la Alcaldía de Valencia.
El abogado precisó que la aplicación de esta ordenanza, que fue publicada el mismo día de su aprobación, ha generado unas diferencias muy grandes en la valoración de lo que deben pagar los ciudadanos como las tasas de aseo urbano. “Esta medida se ha aplicado a partir de noviembre en muchos edificios residenciales y en locales comerciales con una voracidad fiscal tremenda, estableciendo cuotas de pago extremadamente altas en medio de esta difícil situación económica en que se encuentra la ciudadanía”.
La administración municipal busca atentar contra el patrimonio de los ciudadanos, colocándolos bajo la absoluta indefensión entre tener que sobrevivir y tener que pagar impuestos y las tasas del aseo urbano, sostuvo. “Por ello hemos decidido organizarnos como ciudadanos entendiendo que debemos hacer un frente común que luche en contra de esta ordenanza porque se trata de defender los derechos”
La tarea está adelantada. Ya los vecinos se han reunido para articularse en defensa del patrimonio porque es evidente que esto representa un duro golpe para la economía de todos.
La materia tributaria es de reserva legal que debe cuidar mucho la competencia, aclaró Henríquez. En base a sus conocimientos explicó que los tributos deben ser proporcionales por lo que no está previsto, ni en doctrinas ni en leyes, que sean discrecionales ni que se conviertan en una manera de confiscar el patrimonio de los ciudadanos”.
Nota de prensa
