Pedro Núñez dice que es no es escuchado. Por eso, una y otra vez, ha protagonizado una huelga de hambre frente a la sede de la fiscalía en Valencia. Su exigencia es la misma de muchas personas que a diario acuden a ese ente gubernamental: ¡Justicia!
En el 2017 prestaba servicios a la empresa Protinal Proagro como concesionario del comedor industrial en Bejuma, al que asistían a comer unos 600 trabajadores de esa sucursal. La compañía le adeudaba una importante suma de dinero, más de 150 mil dólares que, según explicó a El Carabobeño, nunca le pagaron. Y no solo eso, sino que supuestamente habrían hecho una transacción fraudulenta en la que habrían defraudado al Estado venezolano.
En esa época, le plantearon que renunciara y con el dinero que se iban a ahorrar le pagarían la deuda. En simultáneo, podrían despedir a los 600 trabajadores que diariamente audían a esas instalaciones, con el alegato de la baja producción en ese entonces. Como se negó, le prohibieron la entrada a la empresa y se quedaron con todos los implementos del comedor, incluido un vehículo. Además, no le cancelaron la deuda.
Entonces, alguien le recomendó que denunciara el caso ante el Ministerio Público para que le devuelvan sus implementos de trabajo, incluso, una camioneta de su propiedad que habrían desvalijado, así que desde hace cinco años se encuentra luchando contra unos «poderosos», dice. El caso ha pasado por varias fiscalias, entre ellas la 7° y 11°. Ha hecho cuatro huelgas de hambre y aún no tiene respuesta.
Este miércoles emprendió una nueva huelga a las afueras del Ministerio Público, pero esta vez exige una cita con el fiscal general de la administración Nicolás Maduro, Tarek William Saab.
