El congresista opositor César Gonzáles presentó una denuncia constitucional contra el presidente de Perú, Francisco Sagasti, la primera ministra, Violeta Bermúdez, y el ministro de Salud, Óscar Ugarte, por la nueva vacunación contra la COVID-19 del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020).
El exgobernante recibió la semana pasada una primera dosis de la vacuna de Pfizer como parte del plan nacional de inmunización contra la COVID-19, a pesar de que en octubre de 2020 ya se había aplicado en secreto dos dosis del laboratorio chino Sinopharm, en un caso conocido como «Vacunagate».
Tras hacerse pública la nueva vacunación, el Gobierno peruano la consideró «un error» y ordenó que se retire de inmediato a Vizcarra, y otros de los implicados en el «Vacunagate» de los padrones oficiales de inmunización.
A pesar de ello, Gonzáles señaló en su denuncia, presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que Vizcarra pudo vacunarse «con el conocimiento» del Ejecutivo y los tres denunciados habrían violado la Constitución peruana y cometido delitos penales.
El parlamentario solicitó que los tres denunciados sean inhabilitados durante 10 años para el ejercicio de cargos públicos y que su denuncia sea remitida al Ministerio Público.
Al respecto, el ministro Ugarte consideró este lunes que la denuncia «no prosperará» en el Congreso y dijo que el Ejecutivo seguirá los procedimientos que corresponden si es admitida.
«Estoy convencido de que no prosperará porque, sin querer desmerecer la libertad que tiene cualquier congresista de presentar las denuncias que crea conveniente, hay denuncias y denuncias», comentó a periodistas.
Añadió, en ese sentido, que «no es posible pretender una demanda constitucional como ha sido presentada, por razón de que el expresidente haya recibido una vacuna de manera irregular».
«Apenas se tuvo conocimiento, como ya ha sido informado de la forma más transparente posible, se tomaron las medidas», remarcó antes de asegurar que, de parte de las autoridades, «no hay ningún incumplimiento, ni siquiera administrativo, menos legal o judicial a nivel de demanda constitucional».
El pasado jueves Vizcarra afirmó que la vacuna de Pfizer fue la primera que se aplica contra la COVID-19 y que las dos dosis de Sinopharm de octubre pasado fueron «un ensayo».
Vizcarra había recibido dos dosis de la vacuna de Sinopharm como parte de un grupo de altos funcionarios y sus entornos cercanos que accedieron a un lote llegado al país en el marco del ensayo clínico que se realizaba de esa vacuna en Perú.
Junto al exmandatario también fueron vacunados su hermano y su mujer, mientras que meses después hicieron lo propio las exministras de Salud y Relaciones Exteriores Pilar Mazzetti y Elsa Astete, respectivamente, quienes debieron renunciar a sus cargos tras hacerse público el «Vacunagate».
La denuncia presentada por el congresista Gonzáles deberá ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para determinar si es admitida y, de ser el caso, pasará a la Comisión Permanente, que establecerá el plazo para las investigaciones y elaborará un informe final que deberá ser debatido por el pleno.
Expertos y analistas consideran, sin embargo, que esto es poco probable, ya que el actual Congreso terminará sus funciones el próximo 26 de julio y el Ejecutivo dos días después, cuando comenzará el nuevo Gobierno peruano para el período 2021-2026. EFE
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