Contraloría
(Foto cortesía)
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El contralor general de Venezuela, Manuel Galindo, anunció hoy el inicio de una fiscalización al Ministerio Público por sus actividades durante la gestión de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, un procedimiento inédito en medio del enfrentamiento de la titular de la Fiscalía con el Gobierno.

La actuación evaluará “los procedimientos administrativos presupuestarios y financieros ejecutado durante los ejercicios fiscales comprendidos desde el primero de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2017 por la Fiscalía General de la República”, dijo el contralor en una declaración pública.

El procedimiento evaluará a las distinta áreas y dependencias de la Fiscalía, y se inició en el mismo momento del anuncio de Galindo con el despliegue de funcionarios de la Contraloría -órgano de control de cuentas públicas- a sedes de la Fiscalía en distintos puntos del país.

“Es decir, se han instalado comisiones de este máximo órgano contralor en la sede administrativa del Ministerio Público, en las fiscalías superiores regionales, y en las fundaciones”, indicó.

Adelantó que en “el supuesto negado de que sean detectados indicios suficientes, pertinentes y oportunos de alguna irregularidad administrativa, se dará inicio a los procedimiento a que haya lugar”.

Para este procedimiento el contralor delegó sus competencias expresas a los contralores regionales de los estados que conforman el territorio nacional, que “tendrán las mismas atribuciones del contralor de la república para este caso en específico”, dijo.

Advirtió que la negativa a entregar informes, libros o documentos que sean requeridos dentro del plazo fijado “traerá como consecuencia la imposición de sanciones previstas en la ley”.

Galindo defendió por adelantado las motivaciones de la Contraloría a esta acción “inédita, nueva en Venezuela y quizá en el mundo, lo que podría generar una matriz de opinión distinta a los objetivos”.

La investigación al Ministerio Público se suma a un conjunto de acciones legales que enfrenta su titular luego de pronunciarse en contra de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, y contra la actuación de los cuerpos de seguridad en la ola de protestas antigubernamentales iniciadas hace tres meses.

Además de este procedimiento, está pendiente un acto de “antejuicio de mérito” contra Ortega Díaz para determinar motivos para enjuiciarla y separarla de su cargo, un proceso iniciado por el chavismo y aceptado por el Supremo días después.

El máximo tribunal venezolano también aprobó las medidas cautelares solicitadas por el oficialismo de prohibición de salida del país y la congelación de sus cuentas bancarias.




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