La Junta de Educación de Chicago (EE.UU.) y un grupo de padres demandaron este martes al gobernador de Illinois, Bruce Rauner, por supuesta discriminación y violación de los derechos civiles de los escolares hispanos y afroamericanos.
La demanda, la primera de su tipo desde la aprobación de la Ley de Derechos Civiles del estado en 2003, sostiene que Illinois tiene dos sistemas separados para asignar recursos para la educación, donde se daría preferencia a los estudiantes blancos que viven fuera de Chicago (Illinois).
El documento presentado ante la corte del Condado de Cook señala que en Chicago 90% de los estudiantes de las escuelas públicas son de color, mientras que en el resto de Illinois predominan los blancos.
Las escuelas públicas de Chicago tienen 20% del alumnado total del estado, pero reciben solamente el 15% de los fondos estatales, lo que convertiría a los estudiantes hispanos (47% del total) y afroamericanos (38%) en ciudadanos de segunda clase, «relegados a la parte trasera del autobús» de los recursos estatales, agrega.
La demanda también denuncia un sistema «separado y desigual» en los aportes a los fondos de pensiones de los maestros, que son cubiertos en su totalidad por el estado en todos los distritos, menos Chicago, donde la contribución es mínima.
Las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) enfrentan una severa crisis de presupuesto que ha obligado a despidos, recortes de programas, congelación de gastos y endeudamiento, y sus autoridades acusan a Rauner de recortar los recursos como represalia por una disputa con los demócratas que controlan la Asamblea Legislativa.
En un una carta enviada este martes a los padres de los 400.000 alumnos del distrito, el director ejecutivo de CPS, Forrest Claypool, señaló que el gobernador aprovecha la crisis para obtener réditos políticos y «perjudica a los más vulnerables».
En la demanda se pide a la corte que evite que el Rauner y el estado de Illinois asignen los recursos de la educación de manera discriminatoria, y que se declare ilegal el sistema que se usa para financiar el fondo de pensiones del estado para los maestros.
No hubo reacción inmediata del gobernador a la demanda judicial y a la amenaza de que la falta de recursos podría obligar adelantar el final del año escolar en varios días.
Chicago reclama que en el año fiscal 2017 el estado de Illinois aplique una nueva fórmula y le asigne 500 millones de dólares adicionales, para evitar «efectos devastadores».
