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A finales de 2016, representantes de la Mesa de la Unidad Democrática bajaron la presión callejera y parlamentaria contra el gobierno de Nicolás Maduro para encontrarse con miembros del Ejecutivo nacional en un diálogo que supuestamente aliviaría la tensión social que los dos bandos saben muy bien está a punto de estallar sí no se dan respuestas rápidas y oportunas a la crisis política, alimenticia, farmacéutica, económica y social vivida en esta Venezuela en decadencia, a causa de la corrupción imperante durante los 18 años de socialismo y del manejo político administrativo del país de forma inconstitucional y aberrante que únicamente ha beneficiado económicamente a la cúpula oficialista.

Crisis que mantiene al 80 por ciento de la población en una pobreza jamás vivida, por la dificultad que tiene este porcentaje de la colectividad de comer tres veces al día, frente a la carencia de productos alimenticios y la imposibilidad de adquirirlos, cuando los encuentra, por sus elevados precios, debido al alto nivel de inflación imperante en la economía, 500 por ciento al final del año y prevista en 2 mil por ciento para 2017, por el Fondo Monetario Internacional, por la quiebra del aparato productivo, la desinversión nacional y el negocio redondo que tienen muchos del gobierno con la importación de alimentos con el dólar preferencial a 10 bolívares y, luego, vendidos a precios exorbitantes e inalcanzables por quienes no tienen entradas mensuales en sus hogares, así como por quienes sólo cuentan con el salario mínimo cada 30 días y hasta por aquellos que ganan un poco más y la cesta ticket, por cuanto solo la canasta básica alimentaria sobrepaso los 600 mil bolívares, a finales de enero de 2017, según el CENDA.

Realidad agobiante profundizada en el tiempo de diálogo, el cual fue abordado por los representantes del gobierno con total hipocresía, porque mientras unos estaban en la mesa y aparentaban disposición a una tertulia seria y comprometida a favor de lograr la gobernabilidad en el país, otros, amparándose en el poder otorgado por el Ejecutivo, como el procurador general de la República, arremetieron contra la autonomía de la Asamblea Nacional y le arrancaron competencias establecidas en la Carta Magna, al igual que hizo el Tribunal Supremo de Justicia, el cual prácticamente la dejo acéfala y ayer ni hoy le reconocen como poder, por un supuesto desacato a su sentencia que les obligó desincorporar a los diputados del estado Amazonas. Es tanto así que declararon nulos todos sus actos en 2016 y actualmente no reconocen la nueva junta directiva y ya declararon inconstitucional la reforma de la Ley Orgánica del Ambiente. En tanto, el presidente Nicolás Maduro, afirmaba que no iba a haber ninguna elección en el 2016 y que las elecciones presidenciales se harán en diciembre de 2018, cuando él sabe que su gestión es desaprobada por el 85 por ciento de los venezolanos y cuando supuestamente el diálogo se haría para lograr el referendo revocatorio y las elecciones regionales y municipales en su tiempo oportuno y no con prórroga de mandato, como lo dictaminó Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral.

Tan falsa  ha sido la disposición al diálogo de los oficialistas que nunca le exigieron a los poderes adheridos al Ejecutivo Nacional, moderación mientras se estaba en la “negociación” y, por ende, el Tribunal Supremo de Justicia, una vez más, enajeno los derechos constitucionales de los pobladores de esta nación, con la sentencia número 948 de su Sala Constitucional, a través de la cual prohíbe a los venezolanos protestar, aunque el artículo 68 expresa que “los ciudadanos y las (sic)ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas…”. E igualmente, Nicolás Maduro tampoco frenó nunca su lengua para maldecir y despotricar al ex presidente del parlamento, diputado Henry Ramos Allup, a quien en todo momento lo descalifico con los peores epítetos del argot venezolano, al tiempo que lo amedrentaba y amenazaba con enjuiciarlo y enviarlo a la Penitenciaría General de Venezuela, en el estado Guárico. A Julio Borges tampoco le reconoce como nuevo presidente de la Asamblea Nacional y también le neutralizara su visión de trabajar en post de la salida de Maduro del poder por la vía constitucional, por cuanto creo el Comandado Nacional Antigolpe, al frente de Tareck El Aissami, vicepresidente de la República, para replegar cualquier intento de golpe de Estado en su contra. En ese escenario donde operó la doble cerviz, el gobierno logro su principal objetivo, impedir la realización del referendo revocatorio en contra del Jefe del Estado y silenciar la protesta callejera que tanto daño le venía haciendo a su imagen, en el ámbito internacional, por cuanto en el mundo se pudo comprobar como en el mandato de Nicolás Maduro se atenta contra los derechos humanos, la libertad de expresión y las demás libertades públicas de los venezolanos, por medio de la imposición de un modelo totalitario que sólo busca enclava, a la fuerza, a sus representantes en el poder , mediante el uso desmedido de la represión militar y policial, aunque el bienestar social se encuentra secuestrado por la inoperancia y el desmembramiento financiero de la que en otrora fue la principal estatal petrolera del mundo, a causa de su politización institucional y pérdida de 300 mil millones de dólares provenientes de su comercialización con el petróleo, durante la administración de Rafael Ramírez, quien al parecer es un personero intocable del gobierno y, por ende, el Tribunal Supremo de Justicia ya advirtió a la Asamblea Nacional que no puede averiguar nada sobre esa supuesta malversación de fondos en PDVSA, la cual hoy también resalta por sobornos pagados a varios de sus funcionarios por 600 millones de dólares, por empresarios Roberto Rincon y Abraham Sheira, quienes viven en Miami y reconocieron ese delito.

La liberación de los presos políticos no debió convertirse en el principal propósito del diálogo terminado ni en el que otro que propicia el gobierno con el representante del vaticano, porque si bien es cierto que hay muchos dirigentes opositores privados de su libertad, el resto de la población de Venezuela es también prisionera de este régimen socialista comunista, al estilo a la cubana, por el hambre, la inseguridad, la inflación, la enfermedad y hasta la desesperanza, porque observa como cada día los oficialistas se apropian de forma arbitraria de espacios que le pertenecen a todos para imponer su terror, desaliento, ideología y valores comunistas, incompatibles con la idiosincrasia democrática y libertaria de los venezolanos.

Así que ese diálogo fue una estrategia del gobierno para dirigir a los opositores a la orilla de sus ríos, llenos de aguas turbias y podridas por la corrupción y el uso constante de los venezolanos pobres para destruir al país, arruinar la empresa privada y erradicar la convivencia ciudadana, en nombre del supuesto bienestar de la gente. Una táctica usada por la mayoría de los dictadores del mundo, que llegan al poder por la vía democrática y ya gobernando, usan al pueblo para imponer un modelo de gobierno arbitrario y dictatorial. Motivo por el cual, la oposición no vuelva a caer en la trampa de ese diálogo, menos ahora que la MUD se relanzó y al parecer tiene los objetivos claros de cómo luchar en pro del rescate de la democracia. No pueden seguir prestándose a las artimañas del gobierno para perpetuarse en el poder, porque los comunistas no saben de dialogo ni respetan a sus adversarios. Solo hacen tregua a su favor. Juegan sucio en cualquier escenario para imponerse.




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