Caso Gilber Caro.
Respecto a la situación en Venezuela, el Gobierno estadounidense alerta de la persecución a los disidentes políticos, las detenciones arbitrarias y por ideología, además de las duras restricciones a la libertad de prensa. Fotografía: Rafael Freites.
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EE.UU. advirtió este viernes del autoritarismo que ejercen los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y denunció las deficiencias del sistema judicial colombiano y los abusos y la corrupción que cometen las fuerzas de seguridad en México.

En su informe anual en materia de derechos humanos relativo a 2016, el Departamento de Estado destacó la limitación de elecciones libres, las amenazas gubernamentales y la intimidación a los disidentes por parte del régimen cubano, que comete la mayoría de los abusos en esta materia en el país.

“Las autoridades interfirieron con la privacidad mediante la participación en el monitoreo y la censura de las comunicaciones privadas. El Gobierno no respetó las libertades de expresión y prensa, restringió el acceso a internet, mantuvo el monopolio de los medios de comunicación, limitó la libertad académica y mantuvo algunas restricciones sobre la capacidad de los grupos religiosos no registrados de reunirse”, agrega el documento respecto a Cuba.

En cuanto a Nicaragua, las observaciones del Gobierno estadounidense son similares en cuanto al control que ejerce el partido del Gobierno, pese a ser una república multipartidista.

“Nicaragua es una república constitucional multipartidista, pero las acciones del partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) resultaron en la concentración de poder de facto en un solo partido, con un poder ejecutivo autoritario ejerciendo un control significativo sobre las funciones legislativas, judiciales y electorales”, subraya el informe.

Respecto a la situación en Venezuela, el Gobierno estadounidense alerta de la persecución a los disidentes políticos, las detenciones arbitrarias y por ideología, además de las duras restricciones a la libertad de prensa.

Cuba y Venezuela solían formar parte de una corta lista de países destacados por parte del Departamento de Estado como aquellos que más sufrían en materia de derechos humanos, pero el documento de este año, con datos de 2016 pero el primero presentado por el Gobierno de Donald Trump, ha eludido hacer dicho listado.

El informe, que en el pasado era presentado por el secretario de Estado en una rueda de prensa, algo que no ocurrió en esta ocasión, expone las conclusiones sobre la situación de los derechos humanos en todo el mundo, pero no presenta una lista ya que la situación general es muy diversa, según indicó un funcionario estadounidense en una teleconferencia con periodistas.

Entre las preocupaciones de Estados Unidos sobre Colombia destaca un sistema judicial ineficaz, en el que muchas personas acusadas de abusos de derechos humanos como agentes estatales de alto nivel y ex miembros de grupos paramilitares no son procesados adecuadamente por sus delitos.

Asimismo, el documento apunta que los tres problemas en materia de derechos humanos que más amenazan al país andino son “la impunidad, el desplazamiento forzado y la discriminación social”.

“La presencia de narcotraficantes, guerrilleros y otros grupos armados ilegales continuó desplazando a las poblaciones predominantemente pobres y rurales” en 2016, agregó el informe.

En lo relativo a México, Estados Unidos alertó de los graves abusos que tienen lugar en ese país por parte de la policía y los militares, así como de la impunidad y la corrupción en el sistema policial y judicial que sufre el país norteamericano.

Además, detectaron entre los problemas más importantes de México los homicidios ilegítimos, la tortura y las desapariciones a manos de las fuerzas de seguridad.

“Grupos criminales organizados mataron, secuestraron, extorsionaron e intimidaron a ciudadanos, inmigrantes, periodistas y defensores de los derechos humanos”, detalló el documento.

Sobre Bolivia, el Departamento de Estado alertó de severas restricciones a la libertad de prensa y asociación, además de un uso del poder judicial para limitar a los medios de comunicación independientes y la oposición política.

“La corrupción generalizada y la ineficiencia en el sistema judicial del país condujo a la negación de juicios públicos justos y oportunos, y las duras condiciones carcelarias también fueron crecientes”, apuntó el texto.

Similares fueron las consideraciones sobre Ecuador, de quien alertó sobre “la falta de independencia en el sector judicial; las restricciones a la libertad de expresión, prensa, reunión y asociación y la corrupción”.

“Los cuerpos reguladores gubernamentales establecidos bajo la ley de comunicaciones de 2013 emitieron una serie de sanciones, multas y correcciones y retracciones forzadas, principalmente contra medios de comunicación independientes y periodistas”, dijo el informe.

“El presidente (Rafael) Correa y su administración siguieron realizando ataques verbales y legales contra los medios de comunicación y la sociedad civil”, añadió.

En el cono sur, el caso de Argentina plantea altos niveles de corrupción, casos de tortura y abuso policial, además de violencia de género; mientras que de Chile preocupan las condiciones carcelarias y la discriminación hacia la mujer.




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