El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) encontró entre sus propios empleados al menos cuatro incidentes de «participación activa o de apoyo» a actividades extremistas violentas, según un informe difundido este viernes.
El secretario Alejandro Mayorkas ordenó la investigación hace casi un año y fue realizada por el Grupo de Trabajo de Revisión Interna sobre el Extremismo Violento Doméstico.
El estudio identificó una treintena de denuncias entre los años fiscales 2019 y 2021 «caracterizadas como potencialmente relacionadas con actividades extremistas violentas».
Mayorkas señaló en un comunicado que «cada día los más de 250 mil dedicados funcionarios públicos en DHS trabajan para asegurar la protección de las comunidades en todo el país».
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Para asegurar que seamos capaces de seguir cumpliendo nuestra misión con honor e integridad, no toleraremos actos de odio o actividades extremistas violentas dentro de nuestro departamento, añadió.
El informe advierte de que el DHS todavía «no ha adoptado una definición autorizada de ‘extremismo violento doméstico'».
Esa ausencia, señala, se suma a «una carencia de personal instruido específicamente para la identificación y el informe sobre la actividad extremista violenta».
Otra falencia es la falta de «un sistema de manejo de investigación centralizado y que cubra todo el Departamento, como asimismo mecanismos estandarizados para compartir la información en la investigación de las denuncias de actividad extremista violenta».
El extremismo doméstico violento presenta una de las amenazas terroristas más significativas para Estados Unidos, indicó el grupo.
Ya en marzo de 2021 una evaluación preparada por la Dirección Nacional de Inteligencia, el Departamento de Justicia y DHS había notado que los extremistas violentos estadounidenses «motivados por una gama de ideologías y galvanizados por recientes acontecimientos políticos y sociales presentan una amenaza elevada para el país».
Aquella evaluación, recordó hoy DHS, señalaba a «nuevos acontecimientos sociopolíticos como las historias de fraude en la elección general reciente, el impacto alentador de la invasión violenta del Capitolio, condiciones relacionadas con la pandemia, y teorías de conspiraciones que promueven la violencia».
El informe, que dedicó más espacio a las dificultades de la investigación que a los detalles de los supuestos incidentes de actividad terrorista, identificó «35 denuncias entre el período fiscal 2019 y el período fiscal 2021 caracterizadas como potencialmente relacionadas con actividades extremistas violentas».
Un revisión de esas denuncias permitió que el Grupo de Trabajo identificara cuatro incidentes que involucraron la participación activa o el apoyo a la actividad extremista violenta en ese período».
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