Estados Unidos golpeó hoy por primera vez al sistema financiero venezolano con sanciones pero evitó de nuevo apuntar a la importación de petróleo, el núcleo de la economía del país suramericano.
El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó hoy una orden ejecutiva por la que prohíbe las negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal (PDVSA).
La prohibición afecta a las negociaciones hechas en EE.UU. o por una «persona de Estados Unidos», término que, como precisa el Departamento del Tesoro, se refiere a los ciudadanos con esa nacionalidad, los residentes permanentes, entidades organizadas bajo la ley del país, cualquier jurisdicción en el país (incluidas filiales internacionales) o cualquier persona en Estados Unidos.
El Gobierno Trump argumenta que estas nuevas sanciones responden a recientes acciones del Gobierno de Venezuela, como el establecimiento de una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que ha usurpado el poder de la Asamblea Nacional elegida democráticamente y de otras ramas del Gobierno.
Asimismo, son una medida de presión ante la corrupción pública rampante y la represión y persecución, y violencia, contra la oposición política.
Lo que busca además Estados Unidos con estas sanciones es «proteger su sistema financiero de complicidad en la corrupción de Venezuela y en el empobrecimiento del pueblo venezolano», indicó la Casa Blanca en una nota.
La medida prohíbe las negociaciones de nueva deuda de PDVSA con un vencimiento mayor a 90 días y la deuda nueva del Gobierno de Venezuela con un vencimiento mayor a 30 días, o nuevo capital.
Asimismo, prohíbe las negociaciones de bonos emitidos por el Gobierno de Venezuela antes de la emisión de la orden ejecutiva y de pagos de dividendos u otras distribuciones de beneficios al Gobierno de Venezuela de cualquier entidad poseída o controlada, directa o indirectamente, por el Gobierno de Venezuela en EEUU.
El Tesoro precisa que, a efectos de esta medida, el Gobierno de Venezuela se refiere también a cualquier subdivisión política, agencia u organismo oficial, incluyendo el Banco Central de Venezuela, PDVSA y cualquier persona que actúe en su nombre.
La Casa Blanca, en su nota, explica que «se buscará mitigar el daño al pueblo estadounidense y venezolano con la emisión de licencias generales que permiten transacciones que de otra manera estarían prohibidas por la orden ejecutiva».
Estas licencias incluyen la financiación de la mayor parte de los intercambios comerciales, incluyendo las exportaciones e importaciones de petróleo, transacciones que solo involucran a Citgo (empresa estadounidense, la mayor filial de PDVSA fuera de Venezuela), las negociaciones de cierta deuda venezolana existente y la financiación de bienes humanitarios.
«Estas medidas están cuidadosamente calibradas para negar a la dictadura de Maduro una fuente crítica de financiación para mantener su gobierno ilegítimo», señaló la Casa Blanca.
Y, al mismo tiempo, proteger el sistema financiero de Estados Unidos de complicidad en la corrupción de Venezuela y en el empobrecimiento del pueblo venezolano y permitir la asistencia humanitaria.
Poco antes del anuncio, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, dijo en Twitter que su Gobierno no se quedará de brazos cruzados mientras Venezuela se desmorona.
El mensaje de Pence llega a la semana siguiente de su primera gira latinoamericana, centrada en la crisis de Venezuela, y dos días después de que prometiera ante el exilio de ese país en Miami que el Gobierno Trump apoyará al pueblo venezolano hasta que se restaure la democracia en la nación.
El pasado 9 de agosto, EE.UU. anunció la última lista de sanciones a funcionarios venezolanos, entre ellos, Adán Chávez, un hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, en una nueva muestra de presión sobre Caracas tras la instauración de ANC, que considera ilegítima.
A partir de la elección de la ANC el 30 de julio, formada solo por chavistas y rechazada por la oposición, Estados Unidos dio el paso de denominar dictadura a Venezuela.
EE.UU. ha mantenido que las sanciones seguirán hasta que Venezuela vea restaurada su democracia, pero hasta ahora no se ha decidido a prohibir la importación de petróleo, el sector clave de la economía venezolana.
