En un reporte anual, el Departamento de Estado de Estados Unidos concluyó que la creciente crisis económica y social venezolana promovió un retroceso en la lucha contra el tráfico humano y/o cualquier forma de esclavitud moderna en el país, cuyo Gobierno “no cumple los mínimos estándares para la eliminación del flagelo ni tampoco está haciendo ningún esfuerzo”.
Señala la web de la Voz de América (VOA) que el documento enfatiza en que los grupos armados irregulares que operan en Venezuela se han convertido en los grandes promotores de prácticas como el tráfico sexual, reclutamiento de menores combatientes y trabajo forzado en sectores como la agricultura, servicios domésticos y construcción.
“En los lugares donde está el arco minero, ha aumentado la explotación sexual de niñas y también agarran a niños para hacer los trabajos en la minería y no hay protección del Estado”, aseguró al respecto la diputada Karin Salanova, defensora de derechos humanos.
La crisis migratoria ha llevado a un aumento en la explotación de mujeres venezolanas especialmente en Colombia, Ecuador, Trinidad y Tobago y México, específicamente en el estado de Quintana Roo, según el informe presentado por el secretario de Estado, Anthony Blinken quien asegura que se debe “hacer todo lo posible como país, como una comunidad global, para detener el tráfico humano donde quiera que ocurra”.
Recomendaciones
El Departamento de Estado recomienda que Venezuela debe mejorar su legislación para penalizar el tráfico humano, atender a las víctimas y destinar recursos para formar fiscales especializados en la investigación y penalización de estas prácticas.
“La ruta de trata y tráfico de mujeres de nacionalidad venezolana hacia Trinidad y Tobago, captadas para realizar trabajos, bien sea de oficios del hogar, las lleva a terminar recluidas en centros de prostitución”, explica Eduardo Ariza, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB.
El Gobierno de Venezuela insiste en que tiene la intención de combatir este delito. En diciembre de 2020, el fiscal general, Tarek William Saab, informó que los casos denunciados de tráfico de mujeres pasaron de 4 en 2017 a 66 en 2020 y le otorgó “carácter transnacional y a la vez binacional” (en el caso de Trinidad), por lo que instó a hacer un esfuerzo común para desmantelar estos hechos.
No obstante, el Departamento de Estado cuestiona que algunas organizaciones sociales que trabajan en contra del tráfico de personas enfrentan dificultades de financiamiento debido a restricciones impuestas por el Gobierno de Nicolás Maduro.
Con información de VOA.
