El Fondo Monetario Internacional (FMI) rechazó este lunes la petición de asistencia financiera de 5.000 millones de dólares del Gobierno de Venezuela para atender la pandemia del coronavirus.
«Lamentablemente, el Fondo no está en condiciones de considerar esa solicitud», dijo a Efe un portavoz del FMI.
El compromiso -añadió- del FMI con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del Gobierno por parte de la comunidad internacional, como se refleja en la membresía del FMI. No hay claridad sobre el reconocimiento en ese momento.
Aunque el Gobierno de Maduro mantiene el control del territorio e institucional, medio centenar de países, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, consideran al líder opositor Juan Guaidó como al legítimo mandatario del país suramericano.
El Gobierno Maduro solicitó este fin de semana 5.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) para atender la pandemia de coronavirus que llegó a Venezuela, donde hasta ahora se registran 33 casos y ningún fallecimiento.
«Acudimos a su honorable organismo para solicitarles su evaluación, respecto a la posibilidad de otorgarle a Venezuela una facilidad de financiamiento por 5.000 millones de dólares del Fondo de Emergencia del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR)», dijo Maduro en una carta difundida este martes.
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, que difundió en Twitter la misiva comentó en la misma red social que este préstamo serviría «para fortalecer las capacidades de respuesta» del sistema de salud local «en la contención del COVID-19».
El texto va dirigido a la directora gerente del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva, y hace referencia a la «dura e inesperada batalla que hoy enfrenta el mundo contra el brote del nuevo coronavirus».
Ese dinero, prosigue la carta, contribuirá «significativamente para robustecer» los sistemas de detección y respuesta de esta enfermedad.
El Ejecutivo de Maduro ha puesto al país en cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, y ha suspendido todas las actividades laborales y escolares a excepción de áreas prioritarias como la salud y los alimentos.
