Las redes clandestinas de Hezbolá se encuentran en pleno auge en Venezuela, jugando un papel cada vez más importante en el sostenimiento de las operaciones criminales del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo el narcotráfico, el tráfico de armas y el lavado de dinero a través de las criptomonedas, dijo un informe divulgado hoy en Washington.
Esas redes, organizadas bajo tres grandes clanes en el país sudamericano, participan en operaciones que financian al régimen en momentos en que sus ingresos tradicionales caen bajo el peso de las sanciones estadounidenses.
A cambio de ello, Maduro les brinda protección y total espacio para maniobrar, convirtiendo a Venezuela en un importante centro de operaciones para la agrupación islámica considerada como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, reveló el estudio divulgado el miércoles por el Atlantic Council.
“Para muchos líderes de América Latina, Hezbolá es un problema remoto, alejado de las preocupaciones locales, mientras que para quienes toman las decisiones en Estados Unidos y Europa, América Latina no es una prioridad en los esfuerzos contra el terrorismo, hoy concentrados principalmente en el Medio Oriente y África del Norte”, señala el documento titulado El Nexo Maduro-Hezbolá, elaborado por Joseph M. Humire, director ejecutivo del Centro para Una Sociedad Libre y Segura.
Pero esas percepciones han creado el escenario de vacio legal y de carencia de políticas “explotado por el régimen de Maduro y Hezbolá para convertir a Venezuela en un eje central para la convergencia entre el crimen organizado transnacional y el terrorismo internacional”, agrega el documento.
En otras palabras, el régimen no solo ha convertido a Venezuela en una plataforma segura para las operaciones delictivas de Hezbolá, sino que depende de ellas en cierta medida para mantenerse a flote, agregó Humire en una breve entrevista telefónica.
En Venezuela, la red de apoyo de Hezbolá opera a través de clanes familiares compartamentalizados y arraigados en la economía ilícita, controlada por el régimen de Maduro. Muchos de los operadores de éstas agrupaciones están asimilados dentro del Estado y la sociedad venezolana a través de las robustas comunidades libanesas y sirias que se extienden hasta la vecina Colombia.
OPERACIÓN TITÁN
Una de ellas es liderada por el prominente empresario shií Ali Mohamad Saleh, identificado como un agente operativo del Hezbolá durante una investigación de la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA), denominada la Operación Titán, que destapó la red de lavado que operaba entre Colombia y Venezuela.
La investigación de dos años de la DEA —que resultó en 130 arrestos y la incautación de $23 millones de fondos ilícitos transferidos desde África Occidental al Líbano a través del Banco Libanés Canadiense— derribó una red transregional de tráfico de cocaína y lavado de dinero masivo dirigida por Hezbolá a través de facilitadores locales en Colombia, dirigida por Ayman Saied Joumaa.
Asimismo, un capo de la droga colombiano-libanés, Ayman Joumaa, fue acusado en Estados Unidos por un gran jurado federal por traficar cocaína con Los Zetas en México y, según el Departamento del Tesoro, dirige una extensa red de transporte marítimo vinculada a Hezbolá.
La Operación Titán expuso una compleja red de lavado que dijeron operaba a través de un complejo laberinto de comercio transfronterizo y mulas que transportaban grandes cantidades de efectivo entre la frontera de Colombia y Venezuela.
Según las investigaciones de Estados Unidos, Saleh dirigió la red transfronteriza de terrorismo y crimen en Colombia y Venezuela descubierta en la operación, razón por la que fue designado como financista del terrorismo en 2012 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, junto a su hermano Kassem Mohamad Saleh.
“Durante años, el clan Saleh controló los mercados ilícitos de drogas, armas, contrabando de efectivo y lavado de dinero en Maicao, cerca de la frontera norte con Venezuela. Los cárteles locales de la droga en el oeste de Venezuela controlados por miembros del régimen de Maduro, principalmente en el estado de Zulia, se benefician de este comercio transfronterizo ilícito una vez administrado por el clan Saleh”, resalta el informe
“Según los comerciantes de Maicao, los hermanos Saleh huyeron súbitamente a Venezuela después de ser sancionados en 2012, y ahora se encuentran en Maracaibo trabajando con otro clan libanés prominente e incrustado en la burocracia del régimen de Maduro”, agregó el estudio.
GHAZI NASSEREDDINE
La segunda agrupación está liderada por Ghazi Nassereddine, quien fue sancionado por la OFAC en 2008 por sus vínculos con Hezbolá y fue catalogado como una persona de interés por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en el 2015.
Su hermano mayor, Abdallah Nassereddine, es un prominente hombre de negocios en la isla de Margarita y posee varias propiedades inmobiliarias en el otrora popular destino de vacaciones en Venezuela.
De origen libanés, el clan alcanzó prominencia política en Venezuela después que Hugo Chávez asumió la presidencia en 1998. Ghazi ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores en Venezuela, obteniendo el estatus diplomático oficial, y Abdallah se convirtió en una figura importante, aunque de bajo perfil, en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sirviendo como coordinador regional para el estado de Nueva Esparta.
En la embajada de la República Bolivariana en Damasco, Siria, Ghazi Nassereddine ayudó a organizar reuniones entre altos funcionarios venezolanos y operativos de alto rango de Hezbolá.
Según informantes de la DEA, en 2009 o alrededor de esa fecha, Ghazi organizó una reunión en Siria entre Hezbolá y el entonces ministro del Interior de Venezuela, Tareck El Aissami, y el jefe de contrainteligencia militar venezolano, Hugo Carvajal Barrios.
La reunión supuestamente condujo a un esquema de intercambio de armas por cocaína entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la organización islámica que se materializó en el 2014, “cuando un avión de carga libanés lleno de armas pequeñas (AK-103 y lanzagranadas) arribó al hangar presidencial (rampa 4) del Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Caracas”, reporta el informe
“Las armas supuestamente eran un pago parcial por la cocaína que las FARC proporcionaron al régimen de Maduro y fueron trasladadas a una base militar en Guárico, Venezuela”, agregó.
Considerado como un colaborador cercano de Maduro, el exdiplomático Ghazi Nassereddine actualmente dirige el “think tank” venezolano Global AZ y ha realizado varios viajes a Francia, Alemania e Italia desde que salió de Siria en el 2011.
Las autoridades estadounidenses sospechan que miembros del clan Nassereddine dirigen varias operaciones de adoctrinamiento político, entrenamiento paramilitar y contrabando de armas y de drogas en Venezuela.
Las autoridades también creen que un miembro del clan Nassereddine está a cargo de la seguridad del actual ministro de Petróleo de Venezuela y ex vicepresidente Tareck El Aissami.
EL CLAN RADA
La ciudad de Maicao es un centro comercial histórico en el departamento de La Guajira en Colombia, con una gran concentración de inmigrantes libaneses que se remonta al siglo XIX.
Pero en el 2017, las autoridades de inmigración colombianas deportaron a uno de sus residentes, un financista del Hezbolá con doble nacionalidad venezolano-libanesa, Abdala Rada Ramel, bajo sospecha de que dirigía una red de tráfico de drogas y contrabando que se extendía desde Maicao hasta Cartagena.
El informe resalta que el financista deportado es un miembro destacado del clan Rada, agrupación conocida por tener estrechos vínculos con un líder de alto nivel dentro de Hezbolá.
Según la revista Semana, Abdala Rada Ramel reveló en una entrevista con autoridades que sus actividades ilícitas en Colombia eran realizadas en coordinación con su “supervisor” Salman Raouf Salman, un sombrío líder de Hezbolá implicado en numerosas operaciones terroristas en todo el mundo.
Figurando dentro de la organización islámica por su participación en los dos atentados dinamiteros de 1992 y 1994 en Buenos Aires, Rada enfrenta una orden de arresto internacional emitida por Argentina en el 2009, una designación de terrorista de la OFAC en el 2019 y una recompensa de $7 millones.
Según el estudio a Rada se le atribuye la construcción de las redes de apoyo a Hezbolá a o largo de América Latina.
