La desaparición y muerte de varios indígenas en el estado Amazonas, denunciadas por varias ONG, dej en claro las amenazas a las que grupos armados irregulares y organizaciones criminales someten a los habitantes de las zonas fronterizas.
Ai se desprende de un trabajo difundido por El Pitazo, que recuerda el reciente hallazgo del cadáver de un indígena maniatado en el cerro Yapacana, de Amazonas, reportada el 6 de enero por Liborio Guarulla, exgobernador de ese estado, a través de su cuenta de Instagram.
Otro indigena, un líder nativo del pueblo Baniva, fue reportado como desaparecido por el grupo protector indígena Kapé Kapé. Wilberto Camico Menare, de 36 años, fue visto por última vez el 28 de diciembre de 2022 en el mismo lugar del hallazgo del cadáver maniatado.
La ONG Fundaredes afirmó que los pueblos indígenas están «gravemente afectados por la extracción de la minería ilegal». Indicó que, con el permiso del Estado venezolano, «siguen ocasionando graves vulneraciones y hasta la muerte de personas inocentes».
El Informe de contexto violento de Fundaredes durante el mes de diciembre destaca que la inseguridad persiste en poblaciones donde predomina la minería ilegal. «La documentación realizada por Fundaredes en diciembre de 2022 reflejó que también los organismos de seguridad del Estado cometen acciones violentas que están fuera de la legalidad. Esto demuestra una vez más la vulnerabilidad de la población y la inacción del Gobierno para defender y proteger a la ciudadanía y, por consiguiente, la soberanía nacional», precisó la ONG.
Incremento de violencia
De acuerdo con el informe, diciembre estuvo signado por el incremento de la violencia y la criminalidad en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Táchira, Zulia y Falcón, pero también se notó acciones de este tipo en otras entidades. En este sentido, conforme a las investigaciones realizadas, se registraron 38 homicidios, 13 desapariciones y/o secuestros y 7 presuntos enfrentamientos armados.
En la distribución particularizada correspondiente a cada entidad político-territorial, el estado Bolívar se presentó como el más violento en diciembre, incluso sobrepasó al Zulia, el cual se mantuvo en ese lugar durante varios meses de 2022.
Un total de 10 homicidios, 11 desapariciones y 3 presuntos enfrentamientos armados se registraron en esa entidad sureña, donde también se pudo conocer que el municipio con mayor índice de violencia fue Angostura del Orinoco, con 6 asesinatos.
A pesar de que Bolívar se convirtió en el primer lugar con referencia a la criminalidad en diciembre, el estado Zulia fue el más violento en homicidios, con 12 casos. En esta entidad occidental de Venezuela también se registró un hecho de desaparición y un enfrentamiento armado.
Durante diciembre, el estado Falcón ascendió en índices de criminalidad. Esta región se ha caracterizado por ser el «puente ideal para los carteles del narcotráfico debido a la cercanía con las islas del Caribe». De acuerdo con los datos obtenidos en las investigaciones, esta entidad costera registró ocho homicidios y un enfrentamiento armado.
El estado Táchira alcanzó el cuarto lugar en hechos de criminalidad; allí se cometieron seis homicidios y dos enfrentamientos armados. El trabajo de Fundaredes en la entidad andina evidenció cómo la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Tren de Aragua mantienen elevados los índices de violencia en la línea fronteriza y amedrentan a los habitantes, que deben convivir bajo las operaciones de estos actores.
Ocupación de territorios por actores criminales
En lo que corresponde al estado Apure, los hechos violentos que se viven constantemente en la entidad han generado un permanente estado de angustia en todos los ciudadanos. «Desde hace más de 10 años los habitantes conviven con diversas facciones guerrilleras y agrupaciones criminales», según precisó el informe.
El documento detalló que, a pesar de la opacidad de información promovida desde el sector oficial, «las denuncias por parte de los ciudadanos sobre los abusos cometidos por cuerpos de seguridad y miembros de grupos irregulares demuestran un acontecer desalentador para la región llanera».
La situación de la población del estado Amazonas se agrava cada día debido a un cúmulo de arbitrariedades, según destacó la organización. Entre ellas destaca la ocupación de sus territorios ancestrales por actores criminales y la degradación de los ecosistemas por causa de la minería ilegal.
«En Amazonas las minas están controladas por organizaciones armadas que obligan a las etnias indígenas a abandonar sus espacios. También los obligan a trabajar en condiciones infrahumanas que rayan en la esclavitud», dijo la organización.
Fundaredes documentó en sus investigaciones varios asentamientos de la guerrilla en Amazonas, los cuales han sido rechazados por sus pobladores, quienes han exigido su desalojo. Sin embargo, advirtió que el Estado venezolano «no toma acciones contundentes en contra de estos grupos terroristas».
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